Esta semana Presidenta entregó en la Corte de Apelaciones de Santiago un documento que da cuenta de sus actos, en el marco de la tramitación del recurso de protección interpuesto por dos reos condenados por delitos de lesa humanidad. La respuesta de la Presidenta fue certera: no hay, ni habrá indulto y los reos del penal no sufren vulneración de derechos.
El Tribunal establece que la comunidad Toconce tiene la propiedad de los derechos de aguas captadas a través de vertiente y rechaza acciones contrarias interpuestas por Aguas Antofagasta y Soquimich S.A.
El recurso fue presentado por el Instituto de Derechos Humanos de Antofagasta y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en favor de tres jóvenes peruanos expulsados por una orden de la Intendencia Regional. Los estudiantes habrían sido detenidos por poseer libros de marxismo y anarquismo.
La libertad condicional concedida a más de dos mil reos el año pasado ha entregado cifras verdes. El 93% de los beneficiados no se cuenta dentro de los reincidentes en lo que se alza como una cifra histórica en medidas de reinserción.
El tribunal acreditó los delitos de aplicación de tormentos en las personas de Harry Edward Cohen Vera, Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez Álvarez y de Juan Horacio Rosales Quintana, perpetrado en la ciudad de Panguipulli en noviembre de 1973.
El querellante en el caso Caravana de la Muerte, valoró la labor realizada por el ministro Mario Carroza en el proceso en contra del ex comandante en jefe del Ejército, y al igual que organizaciones de DDHH, espera que el juicio termine con Juan Emilio Cheyre cumpliendo presidio efectivo.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el ministro en visita que ha investigado múltiples causas de DDHH repasó desde la participación de Juan Emilio Cheyre en caso Caravana de la Muerte, su meta de cerrar todos los casos antes de 2020, y una evaluación sobre la crisis de confianza que viven las instituciones.
La Asociación Koñintu Lafken Mapu de Penco participará en la consulta indígena que se realizará en el marco de la evaluación ambiental del proyecto de terminal marítimo gasífero que la empresa BiobioGenera pretende construir en la bahía de Concepción. El procedimiento se realizará después de que la Corte Suprema fallara en favor de la comunidad y obligara al SEA a retroceder en la evaluación por haberse saltado el proceso comunitario.
Con el voto del alcalde, el municipio aprobó entregar la distinción para ser usada en el estandarte de la Escuela de Ingenieros Militares, condecoración que será concedida en septiembre. Organizaciones de Derechos Humanos manifestaron su indignación por la medida.
Representantes de organizaciones de zonas afectadas por proyectos extractivistas se reunirán este fin de semana en el sector Cajón del Maipo. Dirigentes esperan articular una sola instancia para hacer frente a los conflictos socioambientales que se registran en todo el país.
En el marco de la querella interpuesta por el exintendente de Valdivia.
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la detención del ex general de Ejército Carlos Oviedo Arriagada, hermano del actual comandante en jefe, Humberto Oviedo, acusado de encubrir un homicidio ocurrido en 1974. “Para nosotros es una gran alegría cómo avanzan las causas”, aseguró la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La iniciativa presentada por el Gobierno fue ingresado a una comisión con exceso de trabajo legislativo. Expertos advierten que se trata más bien de una salida mediática de las autoridades y que no cuenta con argumentos contundentes para revertir la crisis del servicio.
A la situación del vocero de Modatima, se suman otros casos de activistas sociales que acusan amedrentamientos y presiones ejercidas presuntamente por las empresas contra las que protestan. Este miércoles, la comunidad de Petorca presentó un recurso de protección por las amenazas recibidas por Mundaca.
La presidenta Michelle Bachelet negó la solicitud de indultos presentada por el abogado Raúl Meza para cuatro internos del penal Punta Peuco. Para el abogado de DDHH, Francisco Jara, estas solicitudes corresponden a una campaña de impunidad que busca posicionar a las víctimas como personas inhumanas.
