La utilización indiscriminada de pesticidas por parte de la industria salmonera en lugares protegidos por el Estado evidencia una fiscalización deficiente de esta actividad, y ha causado que al menos 34 sectores de mar se imposibilite la vida acuática.
La investigación liderada por el profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dante Cáceres, indica que existe una alta concentración de metales pesados en el polvo y suelo de los espacios donde cohabitan los niños de Chañaral, producto de la actividad minera, poniendo en serio riesgo su salud.
El Gobierno debe presentar indicaciones a la iniciativa para que continúe con su trámite legislativo. Al tiempo que la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, identificó descoordinaciones con el Parlamento.
El desarrollo de este tipo de energías sigue camino a su auge. Sin embargo, persisten detalles que representan obstáculos para el aprovechamiento máximo de este potencial. La falta de una red adecuada de líneas de transmisión causa que un buen porcentaje de energías no renovables no logre ser utilizada.
La institucionalidad que crea el nuevo Servicio, así como la que regula los subsidios a la actividad, se encuentran entrampadas en el Ejecutivo. A juicio de parlamentarios de la Nueva Mayoría esto deja en la “hiper desregulación” a una industria que ha demostrado ser foco de conflictos sociales y medioambientales.
Existe interés por incorporar el medio ambiente y la salud a la ley de donaciones. Lo que traería consigo un negocio mayor para las empresas que buscan bajar sus impuestos entregando dinero a actividades a fines con ellos, sin que se generen las políticas públicas para el real desarrollo del país.
En Chile, el senado debe resolver en un plazo de dos años si aprueba el tratado transpacífico que, entre otras cosas, facultaría a la trasnacional agropecuaria a internar semillas transgénicas y determinar su forma de comercialización.
La extrema sequía que afecta al embalse Bullileo preocupa a los productores de la zona. La discusión sobre un posible bono compensatorio se da en medio del debate por la modificación del Código de Aguas, un proyecto que no logra disipar las dudas de la ciudadanía.
La Superintendencia de Medio Ambiente interpuso cargos contra la empresa al detectar nueve infracciones a instrumentos ambientales que regulan la faena ubicada en la Región de Coquimbo. El vocero de la comunidad de Caimanes, Cristián Flores, afirmó que se debe anular el permiso ambiental.
En el marco de la celebración del Día Internacional para la Reducción de Desastres, cabe reflexionar respecto a la falta de una política pública que incorpore la comprensión local del riesgo para así avanzar en reflexionar sobre prevención, mitigación, emergencia y reconstrucción. En 2015 y por ausencia de medidas concretar, el país invirtió 3100 millones de pesos.
Para los trabajadores, la nueva regulación no cambiaría condiciones de precarización; mientras que los expertos aseguran que no se reduce la contaminación. La industria también muestra reparos.
Nuestro país aun no suscribe el convenio alcanzado en Japón, tampoco ha indicado si lo hará. Entre los beneficios del acuerdo destacan el fortalecer la capacidad de las comunidades indígenas para obtener réditos de los productos medicinales. Asimismo, se ofrecerá mayor seguridad jurídica y transparencia tanto a los proveedores como a los usuarios de recursos genéticos.
“Son muchos los que vinculan las raíces de la guerra civil en Siria, en parte, a una persistente sequía registrada en ese país. Científicos de la Universidad de California en Berkeley, por otra parte, concluyeron que “las tendencias al calentamiento registradas desde 1980 elevaron el riesgo de conflicto en África en un 11 por ciento”.
Luego de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la autoridad ambiental se encuentra elaborando el reglamento de la norma que, en lo referido al movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, vulneraría convenios internacionales firmados por nuestro país.
Diputados y organizaciones sociales calificaron como “campaña del terror” los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, en los que aseguró que de aprobarse la reforma al Código de Aguas, el Estado deberá desembolsar 27 mil millones de dólares en concepto de indemnizaciones.
