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Sergio Ventura:

Exigen salida de director de obras de Providencia por entrega de permisos ilegales

Claudio Medrano

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Agrupaciones ciudadanas exigen la destitución del director de obras municipales de la comuna de Providencia, luego que se detectaran una serie de permisos de construcción otorgados ilegalmente. El funcionario autorizó proyectos como el edificio de la Plaza Las Lilas y el Costanera Center.

Diversas organizaciones ciudadanas acudieron a la oficina de partes de la comuna de Providencia para exigir al alcalde Cristián Labbé, la destitución del director de obras municipales, Sergio Ventura, por irregularidades en la entrega de permisos de construcción.

Existen cuatro resoluciones de Contraloría, en distintas fechas, que sancionan a Ventura por haber autorizado ilegalmente diversos proyectos, como es el caso de la Inmobiliaria Socoin, que construyó un edificio en altura en un sector de densidad baja, protegido por la institucionalidad patrimonial.

Ventura, ha estado además involucrado en proyectos como el centro comercial Costanera Center, la sede de la Universidad Andrés Bello en calle Bellavista y el permiso de edificación ilegal otorgado hace unos seis años al grupo Penta para que construyera un edificio con mayor altura a la permitida en el sector de la Plaza Las Lilas.

A juicio del presidente de la fundación Defendamos la ciudad, Patricio Herman, el alcalde Labbé debe destituir a Sergio Ventura.

“Labbé, que pregona por todos lados que su municipio es absolutamente probo, incluso alude a una presunta ISO 9 mil y tanto que dice que ahí las normas se cumplen a cabalidad y a todo evento, nosotros le hemos demostrado con estos antecedentes, entregados por escrito, que su discurso no corresponde a  la realidad de los hechos, por lo tanto, yo debo esperar que el alcalde sí lo va a separar”, acusó Herman.

Además, se pidió al alcalde que lleve a cabo un sumario administrativo al abogado del municipio, Cristián Espejo, ya que también estaría involucrado en la entrega de estos permisos, como sostuvo el representante de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón.

“No se trata solo de Ventura, sino que incluso el director jurídico de la municipalidad, Cristián Espejo, respaldó el actuar ilegal de Ventura, por eso nosotros le estamos pidiendo al alcalde que inicie un sumario administrativo contra Espejo, porque su pronunciamiento no tuvo ningún fundamento para poder desestimar nuestra denuncia”, aseguró Rendón.

En tanto, Rosario Carvajal, de la Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales señaló que en Chile es reiterativo violar la legislación del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Son un practica permanente en la direcciones  de obras y de los municipios, que no respetan los marcos legales vigentes. Esto ya no es sustentable, que quienes administren el gobierno local estén violando constantemente la ley y no demuestren ninguna preocupación por mantener y proteger el patrimonio, sino por el contrario, que se cometen toda clase de irregularidades para favorecer a inversionistas y empresas inmobiliarias”, denunció Carvajal.

A juicio de las agrupaciones, Ventura no cometió una equivocación, sino que actuó a sabiendas de que incurría en una ilegalidad, por lo mismo se encuentran evaluando si se han configurado delitos penales para determinar las acciones a seguir.

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2 Comentarios

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    avatar ALEJANDRO dice:
    Para el costanera center recuerdo a ver visto a Bachelet con casco de construccion y de la mano de Paulmann, que le pasara a ella, haaa nada, aunque este señor le haya pasado dinero para sus campañas politicas, si, siempre se corta por los peces chicos.
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    avatar Catalina G. dice:
    La ley de probidad no es muy estricta respecto a las condenas o sanciones.
    A un funcionario que tiene la posibilidad de tomar decisiones, favoreciendoa grupos económicos, le puede hasta convenir. Que lo condene a no ocupar cargos públicos, u otra pena que pueda ser reducina x buena conducta, no sería nada al lado de un buen cargo en la empresa privada.
    La ley dice que, auque el funcionario falta a la probidad, las decisiones que tome no pueden ser modificadas o anuladas, porque el afectado (beneficiado) no es responsable de la conducta del funcionario....
    O sea que los que toman decisiones en el sector público, pueden favorecer a quien sea, asumen el costo de la sanción, y el afectado (beneficiado) por la decisión sigue igual...es decir, con su permiso irregular de edificación...
    Como siempre, el ESTADO (todos nosotros) paga... :-(