El vicecanciller ecuatoriano, Marco Albuja, declaró a una televisión australiana que la decisión se haría pública el jueves, pero el presidente Rafael Correa matizó posteriormente en Brasil que podría tomar más tiempo y que se basaría en “si los causales son verdaderos”.

“Él ha hecho una exposición de motivos, vamos a verificarlos” en los plazos necesarios con “absoluta seriedad, absoluta responsabilidad”, afirmó el mandatario socialista en una entrevista con la AFP al margen de la cumbre de la ONU Rio+20.

La decisión será adoptada “soberanamente por el gobierno ecuatoriano, pero eso no excluye primero que podamos tomarnos el tiempo que necesitemos para analizar la solicitud, buscar la información pertinente y hacer las consultas, pedir opiniones que nos parezcan convenientes”, agregó Correa.

“Hay que ver si hay peligro de muerte para Julian Assange (…) Hay que analizar si ha tenido el debido proceso. Ecuador es un país que rechaza la persecución por motivos ideológicos. Hay que ver si existe algo de esto”, subrayó.

Assange, de 40 años, se refugió el martes en la embajada del país andino en Londres, donde solicitó asilo político para evitar una extradición a Suecia, país que lo requiere para interrogarlo por cuatro supuestos delitos de agresión sexual por los que todavía no lo ha sido acusado formalmente.

En los 18 meses transcurridos desde su detención en Londres en diciembre de 2010, el australiano ha agotado todos los recursos de que disponía en el Reino Unido, cuya Corte Suprema autorizó la extradición a partir del 28 de junio.

En este plazo tiene todavía presentar un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) y pedirle que suspenda temporalmente el proceso.

El ex hacker teme que el país escandinavo sea sólo una etapa antes de su entrega a Estados Unidos, donde la difusión por WikiLeaks de decenas de miles de documentos secretos sobre las guerras de Irak y 250.000 cables diplomáticos estadounidenses confidenciales provocó una gran indignación.

En la carta que envió al presidente Correa con su solicitud, citada por el gobierno ecuatoriano, Assange alegó hallarse “en un estado de indefensión” por su posible extradición a Suecia, donde estima que será encarcelado, y por la investigación “por delitos políticos en Estados Unidos, un país donde la pena de muerte por dichas ofensas aún está vigente”.

Mientras Ecuador evalúa su solicitud, Assange está protegido en el interior de la embajada, pero la policía ya ha anunciado que si abandona el edificio puede ser detenido por haber violado las condiciones de su libertad condicional, y especialmente el toque de queda nocturno.

Tres policías del cuerpo diplomático y dos agentes de paisano en un automóvil con una pequeña identificación policial en el parabrisas montaban guardia el jueves en el exterior, según un fotógrafo de la AFP.

La embajadora de Ecuador en el Reino Unido, Ana Albán, mantuvo el miércoles una reunión con representantes del gobierno británico, y calificó las conversaciones de “cordiales y constructivas”.

Albán indicó a sus interlocutores que no era intención de su gobierno gobierno “interferir con los procesos de los gobiernos británico o sueco”, y les señaló su disponibilidad para reunirse “en cualquier momento para que podamos encontrar una solución justa a esta situación”.

Las autoridades ecuatorianas anunciaron en un primer momento que buscarían “opiniones” de Suecia y de Estados Unidos, pero Washington negó el miércoles estar implicado en un diálogo.

“Es un tema entre Ecuador, Gran Bretaña y Suecia”, indicó la portavoz del departamento de Estado Victoria Nuland, y cuando los periodistas le preguntaron cuál era la opinión del gobierno estadounidense respondió: “Sólo aspiramos a que haya justicia”.