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Hoy se cumple una semana de huelga de hambre líquida que iniciaron los reos mapuche en las cárceles El Manzano de Concepción y en el centro de detención de Temuco, para exigir un trato igualitario ante la justicia y poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista.

Entre los huelguistas destacan los dirigentes de la familia Tralcal y Ñirripil  en la cárcel de Temuco, acusados de un ataque a camiones y un bus Turbus el año 2009, y el dirigente Héctor Llaitul en Concepción, ex líder de la coordinadora Arauco-Malleco.

Ante esta situación, el senador del Movimiento Amplio Social Alejandro Navarro visitó a los presos de la cárcel El Manzano y solicitó la creación de una mesa de diálogo entre el gobierno y los mapuche antes de que la situación se agrave.

“Los procesos llevados por la ley antiterrorista revelan claramente que no hay garantías, se los juzga como criminales por hechos que, en mí opinión, no constituyen ni delitos terroristas ni delitos, pues es la lucha por la reivindicación de sus tierras. Claramente ellos no han tenido acceso a un proceso justo que dé garantías. La huelga de hambre lo que quiere es dejar de aplicar la ley antiterroristas cuando hay involucrados civiles dado que los fiscales militares jamás han condenado a un militar, ahí ya está resuelto desde antes quién va a ser el culpable y lamentablemente todos los muertos están del lado de los mapuche”

Navarro también se refirió a la demanda de desmilitarizar la Araucanía,  al señalar que “la militarización en la zona sólo va de la mano con una política represiva que ha tenido costos políticos para el gobierno y costos sociales y humanos para las comunidades”.

El senador advirtió que, según un informe de la Comisión Ética contra la Tortura, en Chile hay un total de 106 indígenas detenidos por causas políticas y a 36 de ellos se les ha aplicado la ley antiterrorista, y recordó que el país tiene un observador de Naciones Unidas por violación a los derechos de los pueblos originarios.

Los reos de Concepción  son enfáticos al indicar la necesidad de que termine el doble juicio al que se ven expuestos a través de la justicia civil y militar, que de aplicarse, por ejemplo a Héctor Llaitul, le otorgaría 128 años de presidio, penas que según juristas nunca antes se habían pedido en Latinoamérica.

Desde Temuco, María Tralcal, esposa del reo Luis Tralcal,  denunció a Radio Universidad de Chile una política de ensañamiento de la justicia chilena con los presos mapuche.

“Se han puesto recursos de amparo, se ha buscado sacar la prisión preventiva y tener medidas cautelares, y nada de eso resulta porque se ve que detrás de la causa mapuche hay un ensañamiento de los jueces para mantener a los hermanos presos, porque en otros se han desarrollados los juicios y han salido en libertad porque no hay acusaciones que sustenten la condena, entonces esa es una precondena que hace la justicia chilena hacia nuestros hermanos”, acusó.

María Tralcal añadió que los presos de Temuco también exigen la destitución de la jueza del Tribunal de Lautaro Aidé Roa, a quien acusan de prácticas racistas, y del abogado Alexander Schnaider, quien fue  defensor público y luego apareció como acusador.

Agregó que las edades de los detenidos van desde los 25 a los 45 años, y que, a una semana de iniciada la huelga, “se han establecido bajas de peso que van entre los tres kilos y medio y casi los seis kilos, pero ellos están bien de ánimo y siguen con su intención de seguir con la huelga hasta que se retire la ley antiterrorista de las causas mapuche”.

Mientras, distintas comunidades mapuche han formalizado su respaldo a sus peñis en las cárceles del sur, como la comunidad autónoma de Temuicuicui en pleno frente de conflicto, el Consejo de Todas las Tierras y la Alianza Territorial que reúne a 150 comunidades.