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Rubén Sánchez, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, aseguró que la posibilidad de que se retome la huelga de hambre mapuche se debe a que el Ejecutivo no ha cumplido con lo acordado al finalizar la protesta, que duró más de 80 días.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Sánchez explicó que, si bien el Gobierno ha cumplido algunas promesas, se han repetido situaciones que anteriormente detonaron la huelga: “Una de las cosas a las que puntualmente se comprometió el Gobierno fue retirar las querellas, y entendemos que eso ya se ha cumplido. Pero en el caso de los testigos protegidos, parte clave en un proceso o juicio, continúa esa irregularidad o anormalidad”, expñicó Sánchez.
El representante del Observatorio recordó que el martes, 12 de los 17 comuneros procesados en Cañete se retiraron de la audiencia por el uso de testigos sin rostro.
Además, la Fiscalía sigue acusando a los imputados por asociación ilícita terrorista, incendio terrorista y amenaza terrorista, mientras no haya un cambio legislativo.
Rubén Sánchez advirtió que la anterior negociación se produjo paralelamente al rescate de los mineros en Copiapó, por lo que la celeridad del Gobierno por resolver el tema se puede explicar por el intento de no empañar el éxito de la operación en el norte, lo que no existe hoy.
A juicio del especialista, la única forma de solucionar esta serie de conflictos es “terminar el proceso de persecución o de caza mapuche. Los fiscales actúan de una forma en que tienen completa ‘autonomía’, aunque dudosa, porque yo creo que en gran parte obedece a ciertas presiones de ciertos sectores políticos. Y el proceso completo permite hacer todo un montaje para finalmente terminar culpando a los enjuiciados. No hay que ir muy lejos para encontrar evidencias del montaje, en el caso del asesinato del peñi Mendoza Collío quedó en evidencia que había un montaje para ocultar el crimen”, indicó.
En tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, solicitó esta mañana a los comuneros no retomar la huelga de hambre.
Los presos políticos mapuche (muchos de ellos están en detención cautelar y con dificultades para vivir, ganarse la vida y enfrentar sus juicios. La ley anti-terrorista persiste y la mayoría de los enjuiciados también en Victoria y Temuco siguen con acusaciones sin evidencia y montajes. Con est encubren el no querer negociar sobre las demandas mapuche. Los conflictos de interés, desde el Presidente para abajo, con sus asociados de Mininco y otros (que en Cañete se sentaron en entre los acusadores) se aseguran de que no hay posibilidades de hacer lo que la ley manda (según Chile firmó el Convenio 169 de la OIT).
Es el Estado el que está en falta en toda la línea. Siguen reflejando ser incapaces de gobernar y de mostrar voluntad política de hacerlo. No respetan para nada los principios los Derechos Humanos de ningún sector nacional. Y, cuando lo requieren, usan de la fuerza, cárcel y violencia. Los ataques contra Temucuicui, Rankilko (éste último es donde envenenaron los campos de trigo los agentes de Mininco con apoyo de Carabineros) y en otros sectores, llevan al país por un camino de empeoramiento social y humano.
Acaban de disminuir el presupuesto para resolver los enormes problemas del pueblo Mapuche. Nada se hace por reconstruir el danno del terremoto, pero construyen dos comisarías adicionales y contratan más carabineros... CONADI ni siquiera gastó el presupuesto actual y, de ese modo, pueden "justificar" disminuir el presupuesto siguiente.
El danno permanente al pueblo Mapuche es la evidencia de una actitud criminal que debería ser condenada pero que en la colusión de los poderes, todos evitan denunciarlo. Los pocos que en el Parlamnto pueden hacer algo son silenciados por un estructura ineficiente y anti-democrática.