La diputada (PC) Camila Vallejo, en conversación con Radio Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de que se genere un acuerdo para subsanar los efectos de la crisis política que han ocasionado los llamados casos Penta y SQM, y Caval, posibilidad que ha sido enarbolada por distintos actores, tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría. La parlamentaria rechazó de manera enfática cualquier intento de bloqueo a la investigación de la Fiscalía en estos casos.
El oficialismo, casi en su totalidad, solicitó al Ministerio Público que acote el tiempo en su investigación en el marco del caso Penta y SQM, luego de finalizar uno de los comités políticos más tensionados del último tiempo. Los presidentes del oficialismo descartaron que esto signifique una amnistía o un “perdonazo”, pero sostuvieron que es necesario que la Fiscalía actué con rapidez y así evitar que se genere una ola de rumores y un ambiente de incertidumbre en el país.
A través de una declaración pública, el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic refutó los dichos emitidos por el ex asesor de Caval, Sergio Bustos quien aseguró que fue el mismo Luksic quien pidió la presencia de Sebastián Dávalos en la reunión en la que le fue otorgado el polémico crédito por 6 mil 500 millones de pesos a la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. El empresario respondió que fue Bustos quien solicitó dicho encuentro a nombre de Dávalos, Compagnon y Valero, y que “mienten quienes insinúan o afirmar cualquier otra cosa distinta”.
El estudio presentó la caída más baja de la mandataria en este Gobierno, quien además recibió un 63 por ciento de desaprobación. Otra de las aristas que reflejó el informe fue que un 77 por ciento está de acuerdo con una nueva Constitución.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami se refirió a la crisis política que el país está atravesando, producto de las revelaciones surgidas de los casos Penta, SQM y Caval, y que incluso llegaron a su círculo más cercano, con las boletas entregadas por su asesor Cristián Warner a la empresa de Julio Ponce Lerou, y la mención a su padrastro, Carlos Ominami, a través de la fundación Chile 21. ME-O descartó haber recibido financiamiento de parte de Soquimich, y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos, y de manera absolutamente transparente.
Buscando supuestas irregularidades en la compra de terrenos en Machalí, el Ministerio Público citó para este miércoles al hijo y nuera de la Presidenta, Michelle Bachelet.
Aún faltan tres años para que concluya este gobierno, pero en las circunstancias actuales Bachelet ya exhibe todos los síntomas del “pato cojo”. Una solución política que contemple a un ministro del Interior fuerte, que efectivamente ejerza el liderazgo, y a una Presidenta dedicada a cortar las cintas de pomposas inauguraciones parece ser una salida viable. Sería la forma local y momentánea de contar con un semi-presidencialismo al estilo francés.
No hay duda que la caja abierta luego de la última denuncia del SII está dejando una lista de recriminaciones, defensas corporativas, dardos al actual gabinete y una “cocina” de acuerdos. ¿Cuál es el siguiente paso? Se preguntan muchos. El “caiga quién caiga”, las soluciones transversales de la “vieja guardia” o un mensaje más enérgico que considere “sanciones morales” o convocar a la AC. Los casos Penta, SQM y Caval están poniendo en el banquillo a la clase política.
En medio de las recientes revelaciones sobre una lista de personas –en la que figuran políticos y personas vinculadas a funcionarios públicos-, que habrían entregado boletas falsas a Soquimich, la clase política se defiende de estas acusaciones. Primero, fue el senador y flamante presidente de la DC, Jorge Pizarro quien salió al paso de estas imputaciones, y más tarde fue la misma Presidenta Bachelet quien llamó no destruir la “honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto”. Sin embargo, desde el oficialismo se alzan voces críticas frente a quienes se han visto involucrados en el caso SQM.
Mediante una declaración pública, un grupo de militantes de la Democracia Cristiana exigen que los militantes de la Falange que estén involucrados en la emisión de boletas y facturas falsas “suspendan voluntariamente, y desde ahora, el ejercicio de sus derechos militantes y entreguen al Tribunal Supremo del Partido y a las autoridades encargadas de investigar, todos los antecedentes que obren en su poder”, como es el caso del senador y recientemente electo presidente de la colectividad, Jorge Pizarro. Además, anunciaron que este lunes presentarán una petición ante el Tribunal Supremo de la DC para que inicie una investigación sobre este caso.
Autoridades de Gobierno, luego de realizar un diagnóstico sobre el impacto de las futuras reformas que incorporó la Agenda Laboral, concluyeron que incluir la negociación colectiva por rama económica podría afectar la economía durante este año. Dirigentes sindicales rechazaron estas afirmaciones y dijeron que se instalará una especie de “hipocresía legal” avalada por el Gobierno, porque se seguirá negociando por la vía de los hechos.
Desde el presidente interino de la UDI hasta representantes del Gobierno y la Nueva Mayoría tuvieron que responder ante la segunda denuncia presentada por Impuestos Internos en contra de la compañía minera. 173 personas ligadas al oficialismo y la oposición figuran en la presentación judicial.
Hasta este domingo se mantendrá la medida en la capital de la región de Atacama. Mientras, las autoridades anunciaron que se limitará la construcción de viviendas en zonas de riesgo.
Adelantándose a la próxima Cumbre de las Américas, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, hizo la propuesta. Expertos sostienen que EE.UU. ve amenazada su hegemonía en la zona, pero que el organismo regional no está en condiciones de agrupar a los países del continente bajo una sola posición.
Una nueva huelga de hambre han iniciado ya hace dos semanas los comuneros mapuche de la Cárcel de Angol. A eso se suman diversas denuncias por detenciones catalogadas como injustas, juicios dudosos militarización de las comunidades y movilizaciones en defensa de los espacios sagrados en distintos sectores en el sur del país.
Casi cíclicamente las tensiones parecen agudizarse, mientras que el conflicto se extiende y extiende sin ver una solución pese al llamado de organizaciones y entidades internacionales…
