Organizaciones medioambientales como integrantes del Congreso, valoraron el fallo del Segundo Tribunal Ambiental que ratificó el rechazo al proyecto hidroeléctrico. De todas maneras, llamaron a estar atentos frente a los próximos pasos de la empresa para intentar reflotar la iniciativa.
Ciudadanos, organizaciones sociales y ecologistas de Aysén esperan que prontamente la compañía entregue los derechos de agua y devuelva los terrenos donde iba a ser construida la central.
La participación ciudadana, dificultada por las normativas vigentes, han dado muestra de ser efectivas si son persistentes y organizadas. Al mismo tiempo en el país se aprueban proyectos hidro eléctricos, termoeléctricos, gasíferos, mineros y de otras áreas que afectan y dañan sistemáticamente el medio ambiente. Acá el detalle de algunos de los conflictos.
La solicitud de informes por parte de Colbún sobre la extracción de agua en la zona donde se instalaría Hidroaysén, apuntan a una posible reactivación del proyecto energético en otro de similares características. Sin embargo, el debate de fondo apuntaría al modelo de desarrollo que requiere la Patagonia basado en propuestas sustentables y ciudadanas.
Dada la corrupción que ha quedado en evidencia en la tramitación de la llamada Ley Longueira, es necesario eliminarla señala el obispo de Aysén, Luis Infanti. Además, el prelado valoró la “indignación” que están expresando los chilenos frente a los abusos de las grandes empresas y por la mala distribución de los ingresos.
Este lunes diversas organizaciones sociales y ambientales de Aysén presentaron ante la Contraloría Regional un requerimiento por lo que consideran “una serie de irregularidades cometidas por los ministros de Medioambiente, Minería y Energía, durante la sesión del Comité de Ministros en que se dio el visto al proyecto río Cuervo”.
Indignados están organizaciones ciudadanas y ambientalistas de la Región de Aysén ante la decisión del Comité de Ministros que resolvió este lunes mantener la aprobación del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”. Esto por cuanto el proyecto se ubicaría en una zona sísmica e impactaría fuertemente al medioambiente. Frente a esto, anunciaron que “demostrarán la ilegalidad del proyecto en los Tribunales Ambientales”.
Este martes se iniciaron en el Tribunal Ambiental de Santiago los alegatos entre las partes para revisar las diferencias en las resoluciones de los comités de ministros de los Gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, sobre el proyecto Hidroaysén. Tanto los opositores al proyecto como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) coinciden en que se incurrió en errores de derecho, ilegalidades y vicios cuando se dio el visto bueno a la iniciativa hidroeléctrica.
El servicio dependiente del MOP respondió ante la Corte de Apelaciones debido a la reclamación que interpuso la compañía, que consideró que la medida es un uso irregular de una facultad legal excepcional.
Para las comunidades del Valle del Huasco, Endesa está “chantajeando” al gobierno con el cierre de Punta Alcalde, luego de que se negaras los derechos de agua al proyecto HidroAysén. De este modo, indican, la estrategia sería que se restablezcan ambas iniciativas en pos de “fortalecer el escenario energético nacional”.
Un día después de que Endesa anunciara su decisión de detener el desarrollo del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde y que confirmara que el megaproyecto energético HidroAysén no está en su portafolio de trabajos, comienzan los análisis ante una decisión considerada como “casi evidente” por parte de especialistas y dirigentes sociales.
El Director General de la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez indicó que a través de las atribuciones que le entregan a la DGA los decretos de reserva que establece la ley en el artículo 147 bis, inciso tercero del Código de Aguas se denegó los derechos adicionales para HidroAysén, Sur Electricidad y Energía y tres proyectos más.
Sin embargo, esta decisión que tomó la DGA es mirada con desconfianza por las organizaciones sociales que exigen un cambio al Código de Aguas y la expropiación de los derechos entregados en Dictadura.
