La resolución surgió luego de que Carabineros extraviara nueve obras expuestas por Londres 38 en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado. Gloria Elgueta, vocera del espacio de memoria, indicó que la intervención se produjo porque la institución determinó que las piezas podían afectar el orden público, argumento que calificó como grave.
Según la acción judicial, la eliminación de documentos habría ocurrido en el año 2000 durante una mesa de diálogo conformada para esclarecer la información sobre las causas de violaciones a los DDHH en dictadura. Frente a ello, la abogada de la organización, Magdalena Garcés, indicó: “Nos parece que no ha habido una búsqueda rigurosa de esa información, sino más bien aparecen ciertas tendencias de ocultamiento y encubrimiento”.
Según una denuncia del Partido Comunista, Ángel Campos, hermano del secretario de Estado, estuvo involucrado en la muerte de 3 militantes del PC y uno del MIR. Por ello, desde la colectividad exigieron la renuncia del titular de Justicia.
Desde el mundo de los Derechos Humanos hasta parlamentarios coinciden en la necesidad de realizar cambios sustantivos a la Justicia Militar, sobre todo en lo relativo a que funcionarios de carabineros no puedan ser juzgados por tribunales ordinarios cuando se ven involucrados en delitos contra civiles, por lo que urgen que a que el Gobierno envíe a la brevedad el proyecto de ley que reforme la justicia castrense.
