El documental hace hincapié en las malas prácticas e irregularidades que tiene la empresa AES Gener, que lleva más de 50 años contaminando Chile con sus termoeléctricas, transformando una serie de ciudades en Zonas de Sacrificio.
Unos 300 trabajadores exigen a la empresa terminar con el “acuerdo mordaza” que impide demandar a la empresa por daño ambiental por un período de cinco años.
El parlamentario acusó que AES Gener, Puerto Ventana y el Ministerio del Medio Ambiente desistieron de los recursos de apelación que permitiría a la Corte Suprema fallar sobre la contaminación que afecta a la bahía de Quintero.
La decisión del tribunal señala que no se podrá descargar el material en el Puerto de Ventanas para alimentar la termoeléctrica de AES Gener.
María Jesús Martínez planteó que los efectos del temporal que ha afectado a la Región Metropolitana se han amplificado producto de las labores que la empresa AES Gener lleva a cabo en la ribera del río Maipo: “Tenemos ocho años de construcción de este proyecto y hemos visto que estos eventos en el verano se han acrecentado”, sostuvo.
La generadora estadounidense se acogió al Estado de Reserva Estratégica (ERE), instrumento recientemente aprobado por el Gobierno que le permitirá mantener sus centrales más pequeñas -que representan tan solo un 1,7% de la generación total de emisiones a carbón en Chile- en ‘hibernación’, mientras reciben una remuneración por parte del Estado. Un ‘traje a la medida’ para las carboneras que es cuestionado desde las organizaciones ambientales y desde el propio sector energético.
Los firmantes de una carta abierta a la sanitaria piden recordar que el único objeto de la concesión es proveer de agua potable a los habitantes de Santiago.
La empresa acordó con algunas personas de la zona firmar un contrato en el que se comprometen a evitar indemnizaciones por los daños que han sufrido en esta zona de sacrificio.
Marcela Mella, vocera de la organización, señaló que con el inicio programado para el 2021, desde la empresa solo quieren dar una señal a sus inversionistas.
En total, se le imputan cuatro cargos. La empresa cuenta con un periodo de diez días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento o quince días para presentar descargos ante la SMA.
La acción se presentó en específico contra las centrales 1 y 2 de la termoeléctrica de AES Gener, las que comenzaron a funcionar en 1995, previo al reglamento del Servicio de Impacto Ambiental.
Responsabilidades políticas, escasa colaboración del Estado y una legislación permisiva con las industrias contaminantes, son algunas de las conclusiones que se plasman en el informe entregado por la instancia parlamentaria surgida a raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por los habitantes de las localidades costeras.
