El tribunal acreditó los delitos de aplicación de tormentos en las personas de Harry Edward Cohen Vera, Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez Álvarez y de Juan Horacio Rosales Quintana, perpetrado en la ciudad de Panguipulli en noviembre de 1973.
La presidenta Michelle Bachelet negó la solicitud de indultos presentada por el abogado Raúl Meza para cuatro internos del penal Punta Peuco. Para el abogado de DDHH, Francisco Jara, estas solicitudes corresponden a una campaña de impunidad que busca posicionar a las víctimas como personas inhumanas.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se manifestó conforme con la decisión del ministro en visita Mario Carroza, quien determinó que Miguel Enrìquez no murió en un enfrentamiento, sino en un operativo a cargo de Krassnoff.
El objetivo es presentar 100 acciones contra responsables de crímenes de la Dictadura, demandas que se enmarcan en la conmemoración de los 40 años de la Agrupación.
Luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidiera el embargo de todos los productos financieros de la fundación CEMA Chile, institución de la que hasta agosto pasado fue presidenta Lucía Hiriart, el ministro en visita Guillermo de la Barra resolvió aceptar el requerimiento, con lo cual mil 300 millones de pesos serán incautados a la fundación.
Organizaciones de derechos humanos calificaron de “vergonzosa” la votación llevada a cabo este miércoles en la Sala de la Cámara, y que resolvió mantener el secreto de los testimonios del Informe Valech. De los 60 votos afirmativos que se necesitaban para legislar este proyecto, los promotores consiguieron 57, mientras que a la negativa en pleno de Chile Vamos se sumaron votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Nicolás Pavez, abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), reiteró que existen antecedentes fundados que respaldan la acusación sobre la complicidad del ex comandante en jefe en la muerte de 15 personas en el Regimiento Arica de La Serena. “Existen antecedentes irrefutables que aseguran que Cheyre fue cómplice de participación por el homicidio de 15 personas en el marco del denominado caso Caravana de la Muerte”.
Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificaron así la posibilidad de que se entreguen beneficios a violadores de DDHH. “Es una señal muy mala que se está dando para el resto de nuestras generaciones futuras”, señalaron.
Así resumió la situación que le tocó presenciar a la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos en su reciente visita a Palestina. Por lo mismo, hizo un llamado a que los actores internacionales realmente se comprometan con el sufrimiento del pueblo palestino.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Confederación de Trabajadores del Cobre entregaron una carta al ministro de Defensa para exigir la renuncia del general Humberto Oviedo, por distintas irregularidades, como la permanencia de los pactos de silencio o el caso “Milicogate”.
Los fraudes e irregularidades en las Fuerzas Armadas denunciadas, por ejemplo, en el caso “Milicogate” han traído nuevamente al debate el rol de los cuerpos de seguridad y orden, así como los gastos y la inversión del Estado en armamento y logística militar. En este contexto, abogados y organizaciones de Derechos Humanos llamaron a las autoridades a regularizar la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ciudadanos comunes y los militares.
Alberto Espinoza, defensor del ex integrante del FPMR, Galvarino Apablaza, reaccionó a las palabras que han surgido desde la UDI exigiendo el término del beneficio al que accedió Apablaza luego de aparecer como víctima de la dictadura en la Comisión Valech II.
