La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se manifestó conforme con la decisión del ministro en visita Mario Carroza, quien determinó que Miguel Enrìquez no murió en un enfrentamiento, sino en un operativo a cargo de Krassnoff.
Corte Suprema ratificó el beneficio al coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt. La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó la medida.
Como “nefasto” y “grave” calificaron organismos de DDHH las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien se mostró favorable a la entrega de beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y alertaron que estos planteamientos podrían perjudicar los procesos judiciales que se llevan a cabo.
El máximo tribunal del país desestimó la resolución de la Corte de Apelaciones. A juicio de los magistrados, el ex subdirector de la DINA que está acusado de múltiples delitos de lesa humanidad, constituye un peligro para la sociedad, por lo que no le corresponden beneficios carcelarios.
Como “vergonozosa” e “indignante” calificaron desde organismos de DDHH la posibilidad que más de 50 condenados por delitos de lesa humanidad estén habilitados para sufragar este domingo, en un error más que ha arrojado el padrón electoral, lo que se suma a los casos de domicilios erróneos que impedirán a casi medio millón de chilenos de ejercer su derecho a voto.
Luego de conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgarle la libertad condicional al ex subdirector de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, además de lamentar esta decisión, criticó a los tribunales por entregar beneficios a criminales de lesa humanidad.
Organizaciones de derechos humanos fustigaron la autorización recibida por el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre para viajar a Colombia y supervisar el proceso de paz entre las FARC y el gobierno, previo pago de un millón de pesos. La parte querellante presentó este lunes una apelación para revertir una medida que consideran “impresentable” y “vergonzosa”.
El cambio provocado al país luego del 11 de septiembre de 1973 fue profundo y aún hoy sus consecuencias siguen vigentes. La economía fue el principal objetivo de quienes ocuparon el lugar que violentamente fue desalojado por las Fuerzas Armadas, instituciones que también mantienen un dilema y una deuda ante la sociedad.
Luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidiera el embargo de todos los productos financieros de la fundación CEMA Chile, institución de la que hasta agosto pasado fue presidenta Lucía Hiriart, el ministro en visita Guillermo de la Barra resolvió aceptar el requerimiento, con lo cual mil 300 millones de pesos serán incautados a la fundación.
El juez Mario Carroza determinó someter a proceso a Jorge Rivas Arancibia, alias “Miguel”, ex agente de la CNI por el delito de homicidio calificado de dos jóvenes que fueron asesinadosen un supuesto enfrentamiento con fuerzas de seguridad de la Dictadura.
Durante esta mañana se realizó la reconstitución de escena de la muerte de Miguel Enríquez, dirigente del MIR, que busca esclarecer si se produjo a causa de un enfrentamiento o si fue parte de una ejecución de la DINA durante la dictadura. El ministro en visita Mario Carroza aseguró que es necesario determinar las responsabilidades del caso si es que las hubiera, pero con prudencia.
Tanto los familiares de detenidos de desaparecidos, como los de ejecutados políticos coincidieron en señalar que la campaña que se ha levantado desde diversos sectores para entregar beneficios carcelarios a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, ha sido posible gracias a la inacción del Ejecutivo en la lucha contra la impunidad.
