En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la directora del capítulo chileno se refirió a la gravedad de los hechos, toda vez que esto pueda marcar un precedente para normalizar la violencia contra el pueblo mapuche.
La organización que defiende los derechos humanos creó una herramienta de denuncia para los activistas que han sido abusados por defender su territorio. De esta forma, se visibilizará la gran cantidad de vejámenes que viven personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.
Según informe de la ONU, Chile es uno de los 11 países que no han implementado Protocolo contra la Tortura, lo que sumado a la vigencia de la Justicia Militar y la consiguiente impunidad en delitos como apremios ilegítimos demuestra, a ojos de organismo de DDHH la nula preocupación del Estado tiene esta materia. “Da la sensación de que a estos temas no se les está dando prioridad”, señalan desde Amnistía Internacional.
A cinco años de la muerte de Manuel Gutiérrez, las agrupaciones señalaron que el Estado debe hacerse cargo de las demandas relacionadas con los Derechos Humanos.
La actuación de Carabineros se encuentra regulada en una serie de protocolos que se hicieron públicos sólo hace dos años. El contenido de las disposiciones, su conformidad con los derechos humanos y sobre todo su efectiva aplicación, enfrentan severos cuestionamientos.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, recuerda que denuncias de tortura contra Carabineros, como la del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, han aumentado en un 300 por ciento en la última década, por lo que no se trataría de un caso aislado.
En Chile existe un doble sistema de justicia “que permite a la policía golpear, maltratar e incluso matar a manifestantes pacíficos y salir impune de las violaciones a los derechos humanos”. Es el diagnóstico que hizo Amnistía Internacional en un nuevo informe que presentó esta mañana y donde solicita al el fin de la justicia militar en Chile.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries ha sido el blanco de críticas de diversos sectores políticos por el informe de derechos humanos entregado a estudiantes, en el cual se expresa que algunas prácticas de Carabineros afectarían de forma negativa el legítimo derecho a manifestarse que tiene la población. Sin embargo, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional sostienen que con esta polémica , sólo se logra esconder las violaciones de derechos humanos, y “es la mejor manera de perpetuarlas”
En la marco de la presentación del Informe Anual de Derechos Humanos, Amnistía Internacional señaló que 2014 fue un año catastrófico para millones de personas, y criticaron la escasa reacción de la comunidad internacional ante las violaciones a los derechos fundamentales de los civiles que viven en medio de conflictos armados. Además sostienen que en conflictos como en Siria e Irak con ISIS, y Boko Haram en Nigeria, las atrocidades contra civiles no sólo son cometidas por los grupos insurgentes, también lo hacen los Estados que participan en los combates
Con el inicio de la campaña “Presidenta Michelle Bachelet, que todos los Derechos Humanos no queden en el papel”, la organización pretende avanzar en distintas materias a nivel nacional. Entre las prioridades aparecen la derogación de la ley de Amnistía, el avance en derechos sexuales y reproductivos, así como el establecimiento global del principio de no discriminación y el respeto a la diversidad.
Amnistía Internacional, Acción AG y Greenpeace manifestaron hoy su preocupación ante la posible votación en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, más conocido como “Ley Hinzpeter”, en la sesión el día de mañana. Al respecto, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile, […]
Sebastián Piñera oficializó el envío de un proyecto de ley que aumenta las penas para las personas que agredan, insulten o amenacen a funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones. El texto crea, además, una nueva figura legal para quienes atenten contra recintos o vehículos policiales y otorga mayores beneficios a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Desde el Congreso y la sociedad civil manifestaron su preocupación.
