El ex ministro de Obras Públicas y condenado por fraude al fisco en el caso MOP- GATE, ha sido duramente cuestionado por la presentación de una propuesta al Gobierno sobre el nuevo Fondo de Infraestructura. Expertos cuestionan que el Gobierno considere a personas perseguidas judicialmente en los proyectos que actualmente se discuten.
No más de diez serían las inmobiliarias que presionan a los políticos para diseñar la ciudad. A juicio de los expertos, la única solución es legislar con transparencia ante la ciudadanía.
