La autoridad de Amnistía Internacional, Marina Navarro, demostró que uno de los hallazgos que han visto fue “como funcionarios policiales y de Fuerzas Armadas han hecho uso ilegítimo de armas letales y uso indiscriminado de armas menos letales”.
El ex comandante en jefe del Ejército deberá cumplir tres años y un día de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por su responsabilidad como encubridor en el asesinato de 15 opositores en el Regimiento Arica en La Serena.
Los asesinatos han ocurrido justamente en los países considerados más peligrosos para la defensa de derechos humanos en años anteriores: 13 en Colombia, tres en Brasil y tres en Honduras, mientras que una defensora y cuatro personas periodistas han sido asesinadas en México.
Al menos en dos oportunidades desde el alto mando de la entidad se han enviado oficios. En uno de ellos, el general director, Ricardo Yáñez, expresó su “inquietud” por la petición de audiencias de oficiales en retiro, los que a juicio del jefe policial “no representan la opinión de Carabineros”. Para el abogado penalista Cristián Cruz, se trata de un intento de intervenir en un órgano surgido precisamente contra los abusos de la policía. “Carabineros tiene que estar subordinado, no deliberando”, indicó.
Pese a que aun no termina el tercer mes del 2020, la cifra de dirigentes asesinados en el país cafetero ya supera las cien.
Con estos dos nuevos homicidios, ya son más de 113 los políticos asesinados en el marco de la campaña con miras a las elecciones generales del próximo 1 de julio.
La Defensoría del Pueblo de Colombia (Ombudsman) informó que entre el primero de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017 se han registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones de líderes sociales y activistas defensores de DD.HH. Además, otros 430 se encuentran amenazados.
Un nuevo caso sale a la luz, esta vez es la muerte de Anabel Flores Salazar periodista y madre de dos pequeños hijos fue secuestrada mientras dormía. En Veracruz, los periodistas y la sociedad civil acusa al Gobierno nacional y zonal de proteger el crimen y dejarlos vivir en la impunidad.
Las agresiones, asesinatos, desapariciones e impunidad en los delitos cometidos contra periodistas, la concentración de medios, el acoso judicial y la criminalización de la labor periodística, la falta de contratos, garantías y seguridad social para los reporteros (se calcula que sólo 12 por ciento está contratado) y la carencia de una regulación para la publicidad oficial, son algunos de los elementos de la realidad que enfrenta el sistema de medios informativos en el país, señalaron expertos en la materia.
