La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes la decisión de suspender el juicio oral en el Caso Maremoto, con lo que los imputados sólo deberán pagar la indemnización de 235 millones de pesos a las víctimas, más 10 millones para la realización de un seminario sobre la tragedia.
Este martes continúan los alegatos para revertir el acuerdo al cual llegó la Fiscalía con los imputados en el Caso Maremoto. “: Aquí el Estado colapsó, falló, no estaba en condiciones”, manifestó el abogado defensor del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, mientras que los querellantes plantean que sólo un juicio oral les entregará la “certeza jurídica” sobre este caso.
De esta forma los imputados en el caso deberán acogerse a lo dispuesto en el acuerdo con la Fiscalía y reparar económicamente a las familias de las víctimas por un monto cercano a los $235 millones de pesos. La resolución se adoptó pese al enérgico rechazo de las víctimas que exigían un juicio oral.
El fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, anunció un acuerdo con los imputados en la investigación por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero, con lo cual no habrá juicio oral y los presuntos responsable deberán pagar 235 millones de pesos en total.
Mientras los defensores le cuentan al nuevo fiscal las líneas que seguirán sus argumentos, los querellantes pretenden corroborar cuál es el equipo de persecutores que se quedará con la investigación, luego que Solange Huerta abandonara su cargo para ser reemplazada por José Luis Pérez Calaf.
Tal como plantean desde la oposición, abogados querellantes insisten en que la mandataria debe ser citada a declarar, por lo que solicitan reabrir la investigación. Esto, luego de que la Fiscalía acusara a seis imputados. Abogados defensores apuntan a la inocencia de ex autoridades y ausencia de delitos.
Además del ex ministro del Interior y la ex directora de la Onemi, otros cuatro imputados son acusados por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente por sus responsabilidades en la falta de alerta a la población por el maremoto de 2010.
En el “Caso Maremoto”, la defensa del ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, y de la ex directora de la ONEMI Carmen Fernández, adujo un documento del Gobierno que niega la existencia de un Plan Nacional de Emergencia, para intentar deshacer las acusaciones penales por no haber dado la orden masiva de evacuar después de terremoto de febrero de 2010. Los ocho formalizados en este caso buscan el sobreseimiento, mientras que los querellantes piden que se ratifiquen las formalizaciones por cuasidelito de homicidio y lesiones.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolverá en el transcurso de esta jornada las responsabilidades penales de siete ex autoridades de gobierno por el delito de cuasi delito de homicidio en el marco de la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
Entre los imputados se encuentra la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quienes además durante la jornada junto a al ex Jefe de Oceanografía del SHOA, capitán Andrés Enríquez solicitarán en una audiencia su sobreseimiento. Durante el procedimiento de reformalización la fiscal metropolitana occidente Solange Huerta hará un recuento minuto a minuto de lo sucedido durante la madrugada del 27 F.
