La iniciativa fue presentada por integrantes de la Comisión de Sistemas de Justicia y plantea los principios con los que estos se deben regir en la nueva Carta Magna. Fue patrocinada por ocho miembros de la comisión y plantea el fin de los tribunales militares, además de la eliminación de los abogados integrantes y cambios en la designación de jueces.
