La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes la decisión de suspender el juicio oral en el Caso Maremoto, con lo que los imputados sólo deberán pagar la indemnización de 235 millones de pesos a las víctimas, más 10 millones para la realización de un seminario sobre la tragedia.
Este martes continúan los alegatos para revertir el acuerdo al cual llegó la Fiscalía con los imputados en el Caso Maremoto. “: Aquí el Estado colapsó, falló, no estaba en condiciones”, manifestó el abogado defensor del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, mientras que los querellantes plantean que sólo un juicio oral les entregará la “certeza jurídica” sobre este caso.
De esta forma los imputados en el caso deberán acogerse a lo dispuesto en el acuerdo con la Fiscalía y reparar económicamente a las familias de las víctimas por un monto cercano a los $235 millones de pesos. La resolución se adoptó pese al enérgico rechazo de las víctimas que exigían un juicio oral.
Los seis imputados en el caso Maremoto aceptaron las condiciones para suspender condicionalmente el proceso en su contra, luego del acuerdo alcanzado por la fiscalía y que rechazan los querellantes. Ahora la decisión queda en manos de la jueza del séptimo juzgado de garantía.
Mientras los defensores le cuentan al nuevo fiscal las líneas que seguirán sus argumentos, los querellantes pretenden corroborar cuál es el equipo de persecutores que se quedará con la investigación, luego que Solange Huerta abandonara su cargo para ser reemplazada por José Luis Pérez Calaf.
El fallo indemnizatorio dado a conocer ayer por la Corte Suprema abre la posibilidad a que otras causas relacionadas con el maremoto de 2010 determinen responsabilidades directas del Estado en las muertes ocurridas la madrugada del 27 de febrero. Esto, porque la justicia determinó que el Fisco debía pagar 55 millones de pesos a la familia de Mario Ovando Garcés.
La fiscal que investiga las responsabilidades por la fallida alerta de Maremoto del 27 de febrero de 2010, Solange Huerta, defendió su postura, señalando que si bien no existe este Plan nacional de Emergencia, hay otros protocolos específicos.
En el “Caso Maremoto”, la defensa del ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, y de la ex directora de la ONEMI Carmen Fernández, adujo un documento del Gobierno que niega la existencia de un Plan Nacional de Emergencia, para intentar deshacer las acusaciones penales por no haber dado la orden masiva de evacuar después de terremoto de febrero de 2010. Los ocho formalizados en este caso buscan el sobreseimiento, mientras que los querellantes piden que se ratifiquen las formalizaciones por cuasidelito de homicidio y lesiones.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolverá en el transcurso de esta jornada las responsabilidades penales de siete ex autoridades de gobierno por el delito de cuasi delito de homicidio en el marco de la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
El abogado querellante, Raúl Meza, solicitó la inhabilitación de la fiscal por no declarar como “imputable” a la ex presidenta Michelle Bachelet. Los intervinientes fueron notificados este viernes de la decisión del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien destacó el trabajo de Solange Huerta en la investigación por la emergencia del 27 de febrero.
El magistrado rechazó el sobreseimiento definitivo de Carmen Fernández y Patricio Rosende, e indicó que hay responsabilidades “existe una “improvisación absoluta en la decisión de toma de decisiones”. Además, se acogió la querella que solicita interrogar, en calidad de imputada, a Michelle Bachelet.
Con la revisión de este caso, concluye este miércoles la audiencia de sobreseimiento solicitada por cuatro de los siete formalizados por el caso de la frustrada alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010. Durante la penúltima jornada, expusieron las defensas de Johaziel Jamett y Andrés Enríquez, ex autoridades de la Onemi y el SHOA formalizadas por cuasi delito de homicidio.
