El Ministerio Público solicitó las tres primeras formalizaciones en el marco de la llamada arista SQM, en contra del ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, el ejecutivo Luis Saldías y el abogado Roberto Guzmán. El día en que se llevará a cabo esta diligencia será confirmado en las próximas horas.
Hace unos diez días comenzó un esfuerzo concertado de las elites por retomar el control de la agenda política. La arremetida comenzó el fin de semana ante pasado y tuvo sólo tres breves actos: primero, traspasar las responsabilidades de la actual crisis política al Ministerio Público; segundo, culpar a la prensa por un clima de “caza de brujas” y, acto final, presentar a la clase política unida. Pero fue la crónica de una muerte anunciada.
La comisión de probidad y transparencia del Senado comenzó sus funciones con críticas de parte del contralor Ramiro Mendoza -en su último día en el cargo- quien señaló que las instituciones del Estado buscan su autonomía constitucional sólo para sacudirse del control y escrutinio público frente a sus acciones. Además enfatizó en la necesidad de que se regule el paso desde el servicio público al empresarial. Mientras que el presidente de la DC, Ignacio Walker hizo hincapié en que la corrupción no sólo se da a nivel del Estado, sino también en el ámbito privado.
Fernando San Román, jefe comunal de Tocopilla, sostuvo en conversación con nuestra emisora, que la razón por la que decidió cortar todo tipo de relación con SQM, empresa que realizaba algunos pequeños aportes económicos y sociales a la ciudad, según San Román, ya que quiere “dar una señal de dignidad ante una empresa que nos ha faltado el respeto”.
En conversación con corresponsales extranjeros, en el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que no ha pensado en renunciar ni lo hará, ante los rumores que aseguran que la Mandataria habría barajado la posibilidad de dejar el cargo. Además, se refirió al caso Caval, sostuvo que no tuvo conocimiento de la reunión entre su hijo, Sebastián Dávalos, y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic en donde la empresa consiguió el crédito por 6 mil 500 millones de pesos para la compra de los terrenos en Machalí.
El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana rechazó el oficio presentado por un grupo de militantes del partido, encabezados por Ricardo Hormazábal tendiente a que los miembros del partido que están involucrados en la emisión de boletas falsas a SQM, suspendieran voluntariamente su militancia. La negativa del TS se fundamentó en la presunción de inocencia, y que de haberse acogido el escrito se habría afectado “la honra de las personas”.
La diputada (PC) Camila Vallejo, en conversación con Radio Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de que se genere un acuerdo para subsanar los efectos de la crisis política que han ocasionado los llamados casos Penta y SQM, y Caval, posibilidad que ha sido enarbolada por distintos actores, tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría. La parlamentaria rechazó de manera enfática cualquier intento de bloqueo a la investigación de la Fiscalía en estos casos.
El oficialismo, casi en su totalidad, solicitó al Ministerio Público que acote el tiempo en su investigación en el marco del caso Penta y SQM, luego de finalizar uno de los comités políticos más tensionados del último tiempo. Los presidentes del oficialismo descartaron que esto signifique una amnistía o un “perdonazo”, pero sostuvieron que es necesario que la Fiscalía actué con rapidez y así evitar que se genere una ola de rumores y un ambiente de incertidumbre en el país.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami se refirió a la crisis política que el país está atravesando, producto de las revelaciones surgidas de los casos Penta, SQM y Caval, y que incluso llegaron a su círculo más cercano, con las boletas entregadas por su asesor Cristián Warner a la empresa de Julio Ponce Lerou, y la mención a su padrastro, Carlos Ominami, a través de la fundación Chile 21. ME-O descartó haber recibido financiamiento de parte de Soquimich, y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos, y de manera absolutamente transparente.
Aún faltan tres años para que concluya este gobierno, pero en las circunstancias actuales Bachelet ya exhibe todos los síntomas del “pato cojo”. Una solución política que contemple a un ministro del Interior fuerte, que efectivamente ejerza el liderazgo, y a una Presidenta dedicada a cortar las cintas de pomposas inauguraciones parece ser una salida viable. Sería la forma local y momentánea de contar con un semi-presidencialismo al estilo francés.
No hay duda que la caja abierta luego de la última denuncia del SII está dejando una lista de recriminaciones, defensas corporativas, dardos al actual gabinete y una “cocina” de acuerdos. ¿Cuál es el siguiente paso? Se preguntan muchos. El “caiga quién caiga”, las soluciones transversales de la “vieja guardia” o un mensaje más enérgico que considere “sanciones morales” o convocar a la AC. Los casos Penta, SQM y Caval están poniendo en el banquillo a la clase política.
En medio de las recientes revelaciones sobre una lista de personas –en la que figuran políticos y personas vinculadas a funcionarios públicos-, que habrían entregado boletas falsas a Soquimich, la clase política se defiende de estas acusaciones. Primero, fue el senador y flamante presidente de la DC, Jorge Pizarro quien salió al paso de estas imputaciones, y más tarde fue la misma Presidenta Bachelet quien llamó no destruir la “honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto”. Sin embargo, desde el oficialismo se alzan voces críticas frente a quienes se han visto involucrados en el caso SQM.
