El máximo tribunal de justicia sentenció al ex comandante en jefe del Ejército a cinco años de presidio, otorgándosele una pena sustitutiva de libertad vigilada.
La magistrada los acusa de crear un sistema para el pago y uso de recursos de la institución castrense una vez que dejaran la comandancia en jefe. Entre ellos se incluía la entrega de recursos, chofer y mayordomo a cargo de las cuentas del Ejército.
La decisión de la magistrada apunta al uso irregular por parte del ex comandante en jefe del Ejército de más de 120 millones de pesos que estaban destinados originalmente a labores de inteligencia.
Mientras, desde el Ministerio de Defensa no hubo respuesta a la solicitud de los familiares de los ejecutados para realizar la actividad conmemorativa. “Es incomprensible que este gobierno los invisibilice” dijo el querellante Cristián Cruz.
El ex jefe del Ejército debió declarar este martes en el marco de una investigación por malversación de caudales públicos. Mientras, familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte esperan que pronto se conozca la condena en este caso.
El tribunal de alzada de La Serena desechó la solicitud de la defensa el ex comandante en jefe del Ejército que buscaba terminar con el procesamiento del jefe militar por la aplicación de torturas cuando era jefe de inteligencia en el regimiento Arica en esa ciudad.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Nicolás Barrantes, Nibaldo Pastén y Óscar Olivares hablaron de las torturas y apremios que recibieron en 1973 en el entonces denominado Regimiento Arica de La Serena.
Cristián Cruz cuestionó las declaraciones del ex comandante en jefe del Ejército, quien alegó su inocencia en las causas que por las que es investigado. “No esperamos que un procesado hable bien de sí mismo. Ni Manuel Contreras habló mal de sí mismo”, dijo.
Este martes la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) protestó en el Ministerio de Defensa y emplazó al titular de la cartera Alberto Espina a eliminar todos los beneficios que aun gozan los militares en retiro encarcelados, incluido el procesado Juan Emilio Cheyre.
En una reunión que sostuvo con familiares, la subsecretaria de Derechos Humanos manifestó que insistirá a Ana Lya Uriarte para que se concrete el encuentro con la mandataria.
Ana Merino, Presidenta de la AFEP de la región de Coquimbo, se mostró confiada en los resultados que arroje la indagatoria encabezada por el ministro en visita Vicente Homazábal. Mientras que el abogado querellante Cristián Cruz, destacó que “por fin las víctimas que el poder se negó a escuchar, pudieron ser escuchadas”.
Abogado querellante, Cristián Cruz, adelantó que este miércoles se espera un careo con su defendido Nicolás Barrantes, quien lo acusó de dirigir apremios en se contra en 1973.
