A propósito de la polémica generada como consecuencia del terremoto, parlamentarios del movimiento Amplitud presentaron un proyecto de ley para congelar los precios de productos en caso de estado de excepción. Organizaciones valoran la iniciativa, pero exigen que además se regulen las alzas que se producen en otros escenarios.
Distintas asociaciones analizaron los problemas que tiene la Ley de Protección al Consumidor y las limitadas facultades del servicio para defender a quienes reclaman contra los abusos del mercado. Además, calificaron como un fracaso el Sello Sernac, ya que ninguna entidad financiera ha solicitado la garantía en sus dos años de implementación.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) multó con 200 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a la empresa Osram, que entregó información errónea al ente fiscalizador, mientras éste realizaba una investigación por productos sin certificación.
Fuertes críticas recibió, por parte de los consumidores, el auto denominado Cyber Monday 2013, iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago, destinada a entregar por medio de diversas plataformas de internet, ofertas de todo tipo de productos. Tal como en los años anteriores, muchos de los soportes tecnológicos no dieron abasto ante la gran […]
El Sernac lamenta la falta de atribuciones que tiene para ejercer en casos como la clonación de tarjetas, que involucra a varias instituciones bancarias. Ante esto, agrupaciones de consumidores se cuadraron con el servicio, asegurando que éste debe dejar de actuar con herramientas de carácter voluntario.
Pese a que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) busca dar garantías de que no se volverán a dar episodios como el caso Inverlink, el Caso La Polar o el reciente Caso Cascadas, con un documento que tiene como lema el “bien común, dilemas éticos y compromisos empresariales”, aun así se mantienen las desconfianzas en sectores de la sociedad civil.
Las organizaciones de consumidores más grandes del país publicaron un programa de reformas para ampliar los derechos del consumidor y el poder fiscalizador del Sernac, que será entregado a cada uno de las nueve candidaturas presidenciales. Elevar el derecho del consumidor a rango constitucional, para que el Estado se encargue de manera activa de velar por ello, y ampliar la definición de estos derechos para abarcar temas de Vivienda, Salud y Educación, forman parte de las propuestas más relevantes.
La Fiscalía buscará penas de cárcel para los responsables de las repactaciones unilaterales del caso La Polar. El organismo pretende cerrar la investigación a la brevedad y fechó para septiembre la presentación de las acusaciones, específicamente por la adulteración de estados contables, falsificación de información entregada a la autoridad fiscalizadora y lavado de activos. Al respecto, agrupaciones de consumidores esperan “que esto sirva de escarmiento para los delincuentes de cuello y corbata”.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones continúa el estudio del proyecto de ley que propone crear la Superintendencia de Telecomunicaciones, quien operaría como el máximo fiscalizador del sector.
Sin procesados y en etapa sumaria permanece el denominado “Caso Pollos”, referido a la investigación judicial contra las empresas Agrosúper, Ariztía y Don Pollo, coludidas para fijar precios según la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica. La organización de consumidores Conadecus llamó a reactivar la figura de la sanción penal, para así desincentivar la colusión de precios por parte de altos ejecutivos de empresas.
El presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, se reunió con el ministro de Economía, Félix de Vicente, a quien le propuso un sistema de notificación a los clientes a través de sistemas remotos, para evitar con ello el alza unilateral en comisiones u otros cobros. Para Hernán Calderón, presidente de Conadecus, es un avance, pero que los abusos no terminan con ello.
La agrupación de consumidores pedirá que el Sernac ratifique este acuerdo pese a que no participó del proceso. Afectados apuntan a la organización para enfrentar los abusos de las empresas
