Sólo las personas que sean propietarias de terrenos directamente afectados podrán oponerse a tendidos eléctricos, no comunidades o proyectos empresariales aledaños, según el informe de la Comisión Mixta para el proyecto legal de concesiones eléctricas que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron este martes. Pese a la merma de derechos para oponerse a estos proyectos eléctricos, el texto ya no se refiere a la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT ni a los trazados que afectan al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, que incluye a parques nacionales y reservas.
Un duro debate se espera para esta jornada en la discusión de la Ley de Concesiones Eléctricas, iniciativa que es parte de un acuerdo para el despacho de proyectos energéticos en la Cámara Alta. La discusión se espera extensa porque partidarios y detractores del proyecto insisten en opiniones que no coinciden sobre dos aspectos esenciales de la normativa.
El Senado retomará la discusión legislativa del cuestionado proyecto de Concesiones Eléctricas el martes 2 de julio. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, goza del apoyo mayoritario de la Sala, gracias a un acuerdo alcanzado por los parlamentarios oficialistas y parte de la bancada DC. Los más críticos con el texto acusan que es “un traje a la medida de Hidroaysén”, mientras que sus defensores sostienen que “es fundamental evitar que el país se quede sin energía”.
El Senado aprobó en general el proyecto de ley de Concesiones Eléctricas, no sin manifestar múltiples observaciones respecto de los derechos de los pueblos indígenas y los pequeños propietarios agrícolas que podrían verse afectados por esta nueva legislación. Organizaciones ambientales están a la espera de la votación del proyecto en particular, con la esperanza de que esta acoja sus demandas.
