A pesar de la petición que había hecho el único representante de los pueblos originarios, Alihuen Antileo, se decidió que no se avanzaría en la consulta tras una reunión y posterior votación donde estuvieron los delegados de las seis bancadas.
La normativa sería más exigente que lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y según algunos constituyentes implicaría un derecho a veto por parte de las comunidades.
La convencional representante del pueblo aymara y coordinadora de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacional se refirió al inicio del proceso de consulta indígena en el proceso constituyente.
La representante de la isla en la instancia constituyente comentó que el origen de la normativa no contó con la visión del pueblo originario y sólo es una mirada de lo que los parlamentarios de la época pensaban desde el continente de lo que eran su cultura y sus costumbres. Además, recalcó que hace 20 años han pedido que se deroguen los artículos 13 y 14 de esta normativa.
La candidata a la mesa directiva de la Convención por parte de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular sostuvo que las diferencias respecto al documento de base para la consulta indígena han evidenciado discrepancias en torno a la forma en que se vincularán a las comunidades con la nueva Constitución.
“Se dispone que las recurridas deberán iniciar un proceso de Consulta Indígena con las personas y comunidades indígenas que se ubiquen al interior del Parque Nacional Villarrica”, dice el fallo.
La propuesta de Chile Vamos ha sido duramente criticada por distintas organizaciones de los pueblos originarios que acusan no haber sido considerados en la elaboración de la misma.
El Parlamento Nacional de Mujeres Indígenas y Pueblos Originarios pide que se respete el Convenio 169 de la OIT y que se consulte a las comunidades cómo quieren participar de la posible conformación de una nueva Constitución.
La académica del Instituto de Asuntos Públicos analizó la conmemoración del homicidio del comunero mapuche, en medio de las manifestaciones sociales, y la suspensión de la consulta indígena impulsada por el Gobierno. “Es un gesto que se valora, pero a destiempo”, dijo.
La académica de Derecho Ambiental de la UDP, Dominique Hervé, aseguró que el instrumento de la Organización Internacional del Trabajo ha favorecido a las comunidades indígenas, pero sostuvo que no ha existido “un real avance en la consagración de derechos”.
En una primera instancia, el proceso se paralizará por un plazo de 15 días.
Por más de dos siglos, el Estado chileno no ha sido capaz de generar un marco institucional para reparar la usurpación territorial, cultural y económica a los pueblos originarios. Especialistas en el tema analizaron las razones de la frustrada consulta, la falta de aprendizaje de los anteriores gobiernos y la desconfianza histórica entre las partes en conflicto.
