Se trata de cartas, notas de prensa y fotografías que dan cuenta de lo ocurrido durante el régimen militar en esta región, y que constituyen una herramienta en la incansable búsqueda por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La iniciativa busca recopilar información en torno al ex pozo arenero y vertedero de Avenida Departamental 4360, donde se encontrarían restos de víctimas de la dictadura.
La dirigenta vecinal, Valeria Bustos, señaló que a los pobladores les molesta que las FFAA aseguren que el espacio ocupado por la Marina tiene un buen uso, cuando “un quincho, una piscina y camarines no tienen nada que ver con la defensa nacional”.
Luego de que se encontraran piezas dentales en las oficinas del Programa de Derechos Humanos, el titular de Justicia evitó especular en torno a su origen. “Cualquier hallazgo de estas características genera ansiedad”, argumentó.
La presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, Mónica Monsalves, aseguró que el hecho revictimiza a los familiares de detenidos desaparecidos y recuerda a lo ocurrido en el Servicio Médico Legal. “Es un dolor que es indescriptible”, agregó.
En función de la reparación debida, la Casa de Bello consideró justo reconocer y distinguir a los y las estudiantes de la institución que no pudieron concluir sus estudios debido a la ejecución o desaparición forzada perpetrada en dictadura.
En el contexto de los 50 años del golpe, el excentro de detención en Ñuñoa será el lugar del relanzamiento de El cuaderno azul, Un mundo que cambiar y Rostros de una desaparecida.
El abogado de Londres 38 no descartó la información publicada por el medio alemán WDR. Supuestamente, la empresa manejada por la DINA a partir de 1973, habría sido usada para convertir los cuerpos de prisioneros políticos en harina de pescado.
El abogado Cristián Cruz y la presidenta de la AFDD, Gaby Rivera, criticaron las declaraciones del general Javier Iturriaga, quien aseguró que toda la información sobre los detenidos desaparecidos ya fue entregada a la justicia.
El mandatario además reconoció “el rol que jugaron las iglesias en dictadura en defensa de los derechos humanos y en defensa de la democracia”.
El abogado y exintegrante de la Comisión sobre prisión política y tortura aseguró que la clave está en dos principios: la obligación del Estado de encontrar a los desaparecidos y el respeto a la voluntad de las víctimas calificadas.
La ministra del Trabajo hizo un emplazamiento a entregar la información que permita encontrar los cuerpos de cientos de personas que aún están en esa condición. Además, llamó a recordar el 11 de septiembre como una forma de valorar la democracia.
