Dichas organizaciones concentran gran parte de la deuda estatal. Especialistas señalan que es muy difícil que el Ejecutivo tome medidas de fondo para terminar con el pago que debe hacer el Estado para paliar el déficit de atención.
La cifra corresponde a un 37 por ciento más que lo registrado en 2016.
El director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, doctor Óscar Arteaga, relevó el problema estructural que afecta a la salud pública en nuestro país como causa de la gigantesca deuda hospitalaria, y apunta a generar una gerencia general autónoma del Ministerio de Salud para hacerse cargo de la gestión del sistema público.
El Gobierno hizo millonario traspaso de dinero para saldar en alguna medida la deuda hospitalaria. No obstante, parlamentarios esperan que se realicen cambios estructurales a largo plazo más que inyecciones financieras cada cierto tiempo.
La partida de Salud para el presupuesto 2016 es un botón de muestra de la complejidad que tendrá la discusión en las próximas semanas, ya que a la subejecución del erario se suman deudas y compromisos sobre los cuales no existe claridad sobre cómo serán abordados.
La información se entregó desde el Minsal a la subcomisión mixta de Presupuesto del Congreso, donde deberán definir cuántos recursos se destinarán a palear la deuda hospitalaria que, a fin de año, podría alcanzar los 250 mil millones de pesos.
La deuda hospitalaria llegó a la histórica cifra de 190 mil millones de pesos, un conflicto que se agudiza luego que el déficit de la salud pública se encontraba en la crítica cifra de 155 mil millones de pesos en abril de este año. ¿Las razones de este problema? Son múltiples, algunos apuntan a un sub pago de las prestaciones, la compra en el mundo privado de estas mismas o, directamente, una mala gestión de la subsecretaria de Red Asistenciales Angélica Verdugo.
La deuda hospitalaria alcanzó los 103 mil millones de pesos al término de abril de este año, una marca inédita, que registra un aumento del 67% desde diciembre. Los dirigentes del sector apuntan a sincerar los costos en la materia, permitiendo así una mejor distribución del financiamiento desde el Estado.
