Organizaciones y defensores de los derechos humanos acusan que la muerte de uno los colaboradores civiles más importantes de la dictadura, representa “otra de las deudas que tiene la democracia chilena con la justicia y la memoria”.
El tribunal de alzada condenó a Gerardo Godoy García a 10 años y un día de cárcel y a Rodolfo Valentino Concha a cinco años y un día de presidio por el delito contra el abuelo del ex vocero de la ACES, ocurrido en julio de 1974.
La obra fue presentada en el marco de las actividades conmemorativas de los 50 años del Golpe de Estado y editada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Dicha copia podrá ser solicitada de forma gratuita.
El abogado español envió una carta a la Asociación Nacional de Magistrados de Chile en la que expresa su apoyo a Urrutia por denunciar encubrimiento de la justicia a las violaciones a los DDHH en dictadura y durante el estallido social.
Las organizaciones hicieron ver al diputado ultraderechista, quien cuestionó los recursos que el Ejecutivo estaba destinando a materias alusivas a los derechos humanos, las deudas que tiene el Estado en verdad, justicia, reparación y no repetición.
Cristián Araya, legislador de la colectividad de JAK cuestionó la veracidad de las desapariciones forzosas, provocando la indignación de la histórica dirigenta de la AFDD, Lorena Pizarro. “La miseria humana en todo su esplendor”, aseveró la diputada.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, destacó la resolución que permitió recuperar 88 inmuebles de origen fiscal y otros 24 que pertenecían a CEMA con un avalúo fiscal de 9 mil millones de pesos.
Paola Passig y Ximena Ceardi recopilaron y editaron 18 historias de infancia de niños que hoy son adultos pero que todavía recuerdan el olor a pólvora luego del bombardeo a La Moneda, la incertidumbre de la época y al “compañero Presidente”.
La ministra Julieta Brodsky informó que estan trabajando en la implementación del “Memorándum de entendimiento para la colaboración entre sitios y espacios de memoria de Argentina y Chile”.
El anuncio de las acciones judiciales responde a la obligación internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar.
Penas entre los 12 y 8 años de presidio recayeron para dos ex funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Paine, un empresario y un comerciante, como autores del secuestro calificado de Cristian Cratagena Pérez en 1973.
Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso cuyos condenados son ex miembros de Fuerza Aérea, Carabineros, Marina, Ejército y civiles, este “es un fallo que aporta a la construcción del nunca más en nuestro país”.
