La medida tiene como objetivo “seguir fortaleciendo las acciones y la presencia del Estado en la zona cero afectada por el incendio de 2 de febrero”.
La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, señaló que la decisión fue tomada con la finalidad de disponer de “todas las capacidades del Estado para que las familias se puedan levantar de la manera más rápida posible”.
La alcaldesa de La Pintana expresó que no respalda la idea de implementar esta herramienta para afrontar la crisis de seguridad. En cambio, propuso medidas más a largo plazo, como planes que fomenten la cultura y el deporte en niños y niñas.
Respecto a las voces que le piden al Gobierno que implemente un estado de excepción en la RM, el parlamentario advirtió que cuando “la excepción se hace costumbre” se pierde su espíritu inicial que es para situaciones de catástrofe y de emergencia.
El general en retiro, quien estuvo a cargo de la institución castrense entre 2018 y 2022, estimó que las FF.AA. pueden hacer “una labor de complemento, sin dejar Carabineros de hacer esa tarea que ha hecho por décadas”.
El jefe comunal no se mostró convencido con la propuesta: “Entre más grave la situación, mayor cordura y reflexión debe haber”. En tanto, a nivel municipal, sugirió una mayor vinculación entre organizaciones sociales, autoridades locales y policías.
Parlamentarios de centro izquierda instaron al Gobierno a decretar la medida en todo el país. Según el diputado Raúl Soto (PPD) los esfuerzos del Ejecutivo en materia de seguridad son valorables, pero “insuficientes”.
El gobernador Claudio Orrego solicitó que el Gobierno evalúe la implementación de esta herramienta. Pero, el ministro del Interior (s) defendió la estrategia de continuar con “el fortalecimiento de las policías y el control territorial”.
La iniciativa, que se extenderá hasta el próximo 6 de septiembre, fue aprobada en el Senado en medio de llamados a que el Gobierno tome acciones “más intensas” para poner atajo a los hechos de violencia.
La trigésima prórroga presidencial fue visada por por 82 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones, por lo que ahora será el turno del Senado de evaluar la medida.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la medida a partir de este jueves luego del crimen que afectó al candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un mitin en la ciudad de Quito.
El dirigente Miguel Montenegro señaló que el gobierno de Bukele “domina todas las instituciones del Estado prácticamente”. Así, el activista instó al mandatario a “reflexionar, cambiar su actitud y fortalecer la democracia en vez de debilitarla”.
