Los próximos días el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará su trabajo en el marco de la ampliación de mandato que le concedió el gobierno mexicano para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Mientras la Fiscalía General de México anunció que no existen evidencias de la intervención del Ejército mexicano en el crimen de los 43 estudiantes desaparecidos, el abogado defensor de las familias afectadas explica que existen testimonios que declaran que los uniformados sí estuvieron al tanto y no hicieron nada por evitar la masacre. La versión entregada por las autoridades también ha sido rechazada por los familiares y amenazan con continuar las movilizaciones.
La crisis mexicana se intensifica al observar los nulos resultados en materia de combate al narcotráfico, en depurar y democratizar las instituciones del Estado, entre ellos el Ejército, la Policía y el Poder Judicial, y sobre todo, poner fin a la violencia crónica que se ha apoderado de este país del norte americano – con 120 mil muertos y 50 mil desparecidos desde que se firmó, sintomáticamente, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, el año 1994.
