Las trabajadoras encargadas de la alimentación de miles de niños y niñas en todo el país señalan que las empresas licitadas aprovechan los vacíos en la fiscalización para aumentar la carga de trabajo de las funcionarias.
A poco de concluir el proceso para 2022, vuelve a ser objeto de cuestionamientos la participación de empresas asociadas a la firma de capitales uruguayos Delibest, las que previamente han sido investigadas por la Contraloría General de la República, debido a una serie de irregularidades relativos al tratamiento de los alimentos.
A finales de agosto los diputados de la comisión investigadora de las irregularidades en la Juaneb deberán votar el informe con sus conclusiones para luego revisar el texto en la Sala de la Cámara Baja. La diputada independiente Alejandra Sepúlveda afirmó que el organismo debe pasar “de la mirada comercial a una efectiva administración del Estado”.
Producto de la investigación por fraude que enfrenta el servicio, las trabajadoras manipuladoras de alimento indicaron que decidirán, durante esta semana, si convocan a un paro nacional.
