Los persecutores solicitaron “evaluar suspender la vigencia de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía”.
Afirmando que su sentencia “ya está escrita”, la vicepresidenta argentina hizo públicamente sus descargos luego que el lunes fiscales bonaerenses pidieran 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos públicos en su contra.
El presidente subrogante de la entidad, Paolo Muñoz, indicó que este es un primer paso para incrementar los fondos y de funcionarios a todas las fiscalías del país.
La primera reunión entre las autoridades de ambas entidades se dio en medio de una jornada marcada por los avances del caso Huracán. Desde Carabineros aseguraron que no hay problemas entre las instituciones.
Claudio Uribe, secretario general de la organización, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que no se entiende el respaldo mostrado por el Gobierno al alto mando de Carabineros, a raíz de las situaciones en torno a la Operación Huracán, las que aún mantienen un quiebre entre el Ministerio Público y la policía uniformada.
El Fiscal Nacional indicó que la solicitud busca impedir las declaraciones de los persecutores Gajardo y Norambuena, ya que “altera una de las bases del proceso penal”.
La acción interpuesta por el abogado Julián López busca dejar fuera del caso a los fiscales Gajardo y Norambuena. Desde el Ministerio Público expresaron su pesar por la decisión del Octavo Juzgado de Garantía, mientras que abogados querellantes en la causa aseguran que la estrategia puede debilitar la acusación contra los excontroladores de Penta.
En el marco de la reunión de cooperación que sostuvieron los fiscales de diversos países latinoamericanos, el abogados querellante del caso Soquimich (SQM), Mauricio Daza, aseguró que “ese compromiso en contra de la corrupción puede ser positivo en tanto pueda contagiar a la Fiscalía chilena”.
La medida fue ingresada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara Alta, en el marco de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia. Persecutores arriesgan hasta 541 días de presidio.
El abogado Daza lamenta el cambio de persecutor, porque la dirección de Pablo Gómez da pistas poco transparentes: “Él tiene vínculos con gente que debe investigar (…) estas son señales desalentadoras”. La Agrupación de Fiscales, en tanto, llama a despersonalizar las causas.
Quien reemplace a Solange Huerta asumirá el caso Basura y también la indagatoria en el denominado caso Tsunami.
El llamado lo hacen en la previa de la designación de los nuevos fiscales regionales, apelando a que se considere como fundamental la carrera funcionaria.
