En la Tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel se iniciaron los alegatos sobre el recurso que pretende anular el fallo que absolvió a ocho funcionarios de Gendarmería, presuntos responsables de la trágica muerte que sufrieron 81 reos en el incendio del 8 de diciembre de 2010.
La familia de Juan Pablo Jiménez, sindicalista muerto en su lugar de trabajo el 21 de febrero pasado, contrató a especialistas privados para que efectuaran nuevas indagaciones, las que confirman que la bala responsable del homicidio no salió desde las calles de La Legua sino que fue disparada a corta distancia.
El sociólogo fue condenado por la colocación de un artefacto explosivo en una entidad bancaria en noviembre de 2011, pero se desestimó que se tratara de un hecho terrorista.
