Con el recurso, iniciado por el Consejo de Defensa del Estado, se busca impugnar la suspensión condicional del procedimiento solicitado para la minera no metálica en el marco de la investigación por presuntos sobornos a figuras políticas cercanas al ex ministro Pablo Longueira.
“Hay una percepción de que la transgresión continúa. De que no hay cambio. Se acusa a la gente, se la lleva ante la justicia y finalmente no hay nadie en la cárcel, las condenas no producen ningún cambio de actitud o comportamiento en los políticos y la gente cree que la campaña municipal va a ser financiada ilegalmente como en el pasado”, indicó Marta Lagos, directora de MORI Chile.
El abogado Daza lamenta el cambio de persecutor, porque la dirección de Pablo Gómez da pistas poco transparentes: “Él tiene vínculos con gente que debe investigar (…) estas son señales desalentadoras”. La Agrupación de Fiscales, en tanto, llama a despersonalizar las causas.
Este lunes se desarrollaron los alegatos por el recurso de nulidad presentado por la Fundación Ciudadano Inteligente a la condena del ex parlamentario de la UDI Jovino Novoa por el Caso Penta. La Fiscalía justifica el acuerdo con el ex líder gremialista “basado en el principio de objetividad”, mientras los querellantes piden que se respete la “igualdad ante la ley”.
En una resolución informada el pasado jueves 31 de diciembre y sin mayor publicidad, el partido determinó que la condena que recibió su ex presidente no es motivo de reproches.
Mauricio Daza denuncia lo que considera “una situación política impresentable”, que busca trabar las investigaciones de Fiscalía, particularmente respecto del financiamiento irregular de campañas con recursos provenientes de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.
La nueva instancia, integrada por las Fundaciones Espacio Público y Ciudadano Inteligente, se propone vigilar el avance de las medidas propuestas por el Gobierno, donde ya existe un juicio crítico de la tramitación legislativa de la agenda derivada de la Comisión Engel.
Con el despacho de la Ley de Probidad en la Función Pública, los funcionarios de los tres poderes del Estado deberán transparentar sus patrimonios y la participación en sociedades que les pudieran reportar conflictos de interés de manera obligatoria. Parlamentarios y analistas valoraron esta iniciativa, sin embargo, hicieron hincapié en algunas áreas en las que se debe mejorar.
Según el parlamentario, los cuestionamientos de la oposición son válidos, sobre el incremento de los sueldos por asesorías a honorarios dentro del Gobierno, advirtiendo que “los asesores no pueden ganar más que un ministro o un subsecretario”. Desde RN y la UDI exigen explicaciones a Alberto Arenas, sin descartar la solicitud de una comisión investigadora.
Así describieron organizaciones y expertos la situación relacionada con la información de gasto electoral. Si bien la nueva ley establece ciertos parámetros que obligan a hacer públicas parte de la información de donaciones para las campañas, la mayor parte de los fondos que se entregan siguen siendo una incógnita a la que la sociedad civil no tiene acceso.
Miles de letreros de todos los tamaños y colores se ubican estratégicamente por la ciudad, en los cuales se destacan características de rostros que ya conocemos como candidatos a la presidencia o el parlamento. A pesar de que la ley indica que la propaganda electoral puede realizarse solo 30 días antes de las elecciones, un vacío legal permite que estas manifestaciones no puedan ser fiscalizadas, lo que a juicio de especialistas es “preocupante” y debe ser analizado, en pos de la transparencia de los procesos electorales.
