La medida tiene como objetivo “seguir fortaleciendo las acciones y la presencia del Estado en la zona cero afectada por el incendio de 2 de febrero”.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, detalló que el costo asociado al plan es de más de U $1.000 millones a ejecutarse en un plazo de 5 años.
La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, señaló que la decisión fue tomada con la finalidad de disponer de “todas las capacidades del Estado para que las familias se puedan levantar de la manera más rápida posible”.
En un recorrido por la zona, dirigentes, asociaciones y vecinos revelan un trabajo colectivo que es crucial luego del siniestro. Testimonios y fotografías son el retrato de una búsqueda común: vida digna y reconstrucción.
La mayor parte de las donaciones provinieron de individuos particulares, mientras que un 19,8% fue donado por compañías.
Mario Zumelzu representa a los familiares de las cuatro personas que murieron en el Jardín Botánico de Viña del mar, las cuales interpondrán una querella por cuasidelito de homicidio en contra de la jefa comunal.
La alcaldesa de Viña del mar será objeto de una querella que será ingresada el lunes en tribunales por la muerte de cuatro personas al interior del Jardín Botánico de esa ciudad durante los incendios.
Para recibir esta ayuda en dinero deberán estar matriculados o tener calidad de alumno regular en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, además de ser parte de la categoría de “afectados” en la Ficha Básica de Emergencia.
La jefa comunal de Viña del Mar afirmó que el evento se hará “siempre y cuando, y de la única manera que signifique un proceso recaudatorio que vaya en directo beneficio de las víctimas que hoy día han sufrido por esta emergencia”.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó el restablecimiento del alumbrado público y confirmó la continuidad del pago del Bono de Recuperación para las familias damnificadas por el siniestro.
La iniciativa contempla, entre otras materias, el despliegue de ayudas técnicas y psicosociales para grupos de riesgos, tales como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.
Pese a que la iniciativa del Ejecutivo, que entrega facultades sancionatorias a la nueva entidad, logró ser despachada de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, no alcanzó a votarse en la Sala antes del receso legislativo.
