“Dejemos que la investigación siga su curso y seremos los primeros en condenar, si es que hubiese un hecho que condenar”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
A pesar del desmentido realizado por el director general de la PDI, Héctor Espinosa, el INDH acusó que la detención se llevó a cabo “sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
El académico de derechos humanos criticó el informe anual entregado por el Instituto de Derechos Humanos el cual, a su juicio, no entrega la visión global sobre las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas en Chile en el último año. “Lo que se pierde cuando no tenemos un buen informe anual es mucho, no es sólo el INDH el que está en deuda, es el sistema de derechos humanos en Chile el que está en deuda”, aseguró.
La discusión que ha propuesto el Gobierno sobre si los atropellos cometidos por agentes del Estado en el contexto del estallido social fueron sistemáticos o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
El académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió al asesinato del comunero Camilo Catrillanca. A dos años del hecho, el abogado sostuvo que el caso reveló la existencia de “dispositivos de impunidad” al interior de Carabineros, lo que se hizo mucho más visible luego del estallido social.
“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
En conversación con nuestro medio, la jefa regional del INDH Coquimbo, Tarcila Piña, admitió que en los denunciantes de violaciones a los DDHH existe una desconfianza generalizada con las instituciones y enfatizó en que los daños que producen estos hechos van más allá de lo superficial. “No es sólo una afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica; y no sólo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia”, sentenció.
El seguimiento permanente, las amenazas de muerte y los sospechosos allanamientos que sufrieron en su hogar, terminaron obligando a Jonathan y Francisca a tomar la decisión de salir del país. Hoy, en vísperas del primer aniversario del estallido social, decidieron contar su historia y revelar una serie de videos, fotos y audios que han ayudado a que su agresor, el ex capitán de Carabineros Ricardo Luengo, se encuentre en prisión preventiva imputado como autor de apremios ilegítimos y torturas.
En un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 26 por ciento de las víctimas consultadas aseguran que no recibieron ningún tipo de atención médica además de la urgencia. Sin bien la pandemia podría explicar en parte esta situación, para el director jurídico de dicha organización, Rodrigo Bustos, “el Estado debe adoptar medidas para que haya verdad, justicia y reparación”.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos admitió que el entendimiento es un pequeño avance en la línea de que los derechos humanos del pueblo mapuche sean plenamente respetados y aseguró que constituirá un equipo permanente para garantizar que se respete lo firmado.
La autoridad ancestral mapuche resolvió deponer el ayuno que llevaba hace 107 días tras llegar a un entendimiento con el Ministerio de Justicia, en el que acordaron que éste pueda visitar su rehue por un máximo de 30 horas.
El machi atraviesa los días más complejos de su ayuno en un Hospital de Nueva Imperial que ya tiene planeado un protocolo en caso de que entre en paro, mientras que en Angol seis de los ocho comuneros que tomaron la medida ya han sido trasladados al hospital de la comuna. Esto, en medio de infructuosas conversaciones entre los voceros y el Gobierno.
