En fallo dividido la Cuarta Sala del máximo tribunal del país estableció fraude legal en el contrato de arriendo por 99 años suscrito por el propietario del terreno y un particular ajeno a la etnia.
Con una abrumadora mayoría de 144 votos a favor y sólo el voto en contra del diputado RN Leonidas Romero, los proyectos fueron aprobados en general y despachados al Senado para su segundo trámite.
Varias autoridades correístas han sido detenidas pos su presunta implicancia en los desmanes contra el “paquetazo”. Por otra parte, el movimiento indígena exigió las renuncias de los ministros del Interior y Defensa por la inusitada represión acontecida durante las protestas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador reconsideró su negativa inicial y aceptó una cita presencial con el Presidente para discutir “la derogatoria o revisión del decreto” sobre las reformas económicas, luego de nueve días de protestas que dejaron cinco muertos, cientos de heridos y casi mil detenidos.
Desde octubre, seis cápsulas radiales con reflexiones y recuerdos de nuestros entrevistados y entrevistadas se sumarán a la programación de la emisora.
Luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desestimara la tramitación ambiental del proyecto de exploración de la minera Wealth Minerals, el Consejo de Pueblos Atacameños interpuso, de manera simultánea, una denuncia en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de la ciudad.
El máximo tribunal del país rectificó lo dicho por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y ordenó retirar las concesiones acuícolas en los territorios que abarca la solicitud de Espacio Costero Marino Protegido de Pueblos Originarios (ECMPO) hecha por distintas comunidades kawésqar organizadas.
El pueblo selk’nam se ha puesto en pie de guerra contra el Estado chileno tras la aprobación, en la Cámara Baja, del proyecto de ley que reconoce el genocidio de su etnia. Los indígenas sostienen que la iniciativa pone una lápida a un pueblo que aún está vivo. Por su parte, el diputado por la región, Gabriel Boric, defendió su voto a favor. “Yo creo que en la denuncia hay una confusión”, señaló.
A un día de que el Congreso vote para ratificar o rechazar la entrada de Chile al TPP-11, organizaciones indígenas llegaron hasta sus inmediaciones para pedir la suspensión, de lo que ellos consideran, una “invisibilización” de sus derechos. La ausencia de una consulta a los pueblos originarios y el regreso de la Ley Monsanto, que privatizaría las semillas, asoman como las principales amenazas hacia las comunidades.
En 2016 Michelle Bachelet presentó el proyecto de ley que crea el Ministerio Indígena y el Consejo de los Pueblos Originarios, iniciativa que continúa tramitándose en el Congreso y que el actual gobierno sigue dilatando al no ingresar enmiendas antes del término del periodo legislativo.
La investigadora Bárbara Jerez aborda en un reciente estudio el boom de la actividad extractivista que beneficia a naciones desarrolladas, pero con graves problemas para las comunidades y los ecosistemas. Además, las respuestas que ha generado: movilización y resistencia territorial por parte de las etnias que históricamente han vivido en las zonas intervenidas.
El defensor público Rodrigo Lillo abordó los derechos al interior de las cárceles para los pueblos originarios. En ese sentido, explicó que “siempre se debe preferir las sanciones que no sean privativas de libertad, por su condición particular, su cosmovisión, por su realidad, contexto, en fin. Esas son algunas de las normas específicas y que evidentemente están absolutamente incumplidas entre nosotros”.
