Casi la mitad de los médicos obstetras que trabajan en la salud pública en Chile se ha declarado objetor de conciencia en al menos una de las tres causales que presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las cifras, a juicio de Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, son peligrosas, y hablan de una falta de consistencia a la hora de la elaboración de la política pública.
