Nueve gendarmes fueron condenados por apremios ilegítimos contra internos en Calama. El hecho se suma a una lista de denuncias que acusan torturas y malos tratos de parte de la institución. Querellantes sostienen que hay un abuso de la fuerza por parte de los organismos que ejercen control.
Tanto reos como gendarmes están sometidos a condiciones de vida paupérrimas en las cárceles, según señala un informe preliminar del INDH sobre la situación en los presidios. Desde la Asociación de Suboficiales de Gendarmería aseguraron que este tema no es prioridad para la clase política ya que “no genera rédito electoral”.
Esquivando los problemas de fondo en el Sename y Gendarmería, este martes se llevó a cabo la interpelación a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Desde Chile Vamos afirmaron que la secretaria de Estado miente, mientras que el diputado René Saffirio adelantó una acusación constitucional.
Trabajadores de Gendarmería reconocieron que el “cuoteo político” en la designación de altos cargos del organismo se ha profundizado en estos últimos años. “El caso del ex dirigente sindical y militante de la Democracia Cristiana, Pedro Hernández, que ascendió en su cargo de un momento a otro, es el más conocido, pero en absoluto el único”, afirmaron desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
La crisis al interior de Gendarmería llevó a sus funcionarios a decretar un paro indefinido y 19 de ellos comenzaron una huelga de hambre, que terminó durante la madrugada de este miércoles. Los gendarmes demandan mejoras en la carrera funcionaria y una reforma al sistema penitenciario. “Hay una crisis que se está arrastrando hace años que también afecta a la población penal”, advierten.
Una deuda que recibe el Gobierno es la crisis en el sistema penitenciario señalada por trabajadores, expertos y diversos estudios. Ante esto, funcionarios y académicos lamentan la falta de ejecución de políticas por parte del gobierno de Sebastián Piñera y el mínimo espacio que el tema tiene el programa de Michelle Bachelet en la materia.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
