Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
En la cuenta pública de la institución, Jorge Abbott reconoció que con las atribuciones actuales, los delitos de “cuello y corbata” pueden no tener la sanción correspondiente, apuntando al actuar del Servicio de Impuestos Internos.
La Contraloría General de la República dio a conocer un documento en el que cuestionó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas por casos de financiamiento irregular en campañas políticas. Esto, en medio de las declaraciones del ex director del organismo Michel Jorratt quien acusó presiones por parte del ex titular de Interior, Rodrigo Peñailillo.
La compañía, que controla el 40 por ciento del mercado nacional, teme multimillonarias multas y que las indagaciones del fiscal Emiliano Arias escalen hasta su directorio. Por ello ha desplegado una estrategia para torpedear las investigaciones. Ya tuvieron un éxito: que el fiscal nacional Jorge Abbott accediera a abrir un sumario en contra de su propio fiscal.
El Fiscal Nacional indicó que la solicitud busca impedir las declaraciones de los persecutores Gajardo y Norambuena, ya que “altera una de las bases del proceso penal”.
La Fiscalía inició una investigación a partir de la denuncia realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre negociaciones incompatibles de cinco jefes de finanzas de servicios públicos. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott designó al persecutor Raúl Guzmán a cargo de la indagatoria. Mientras, desde el ente fiscalizador anunciaron que estos antecedentes son “solo un anticipo” y que podrían aparecer muchos más casos.
Justo el día que la policía uniformada cumpla 90 años, 15 nuevos imputados serán formalizados por la fiscalía en el marco de la investigación por el multimillonarios fraude registrado en la institución.
En definitiva, lo declarado por Arias a la prensa es, simplemente, lo que ha quedado reflejado en resoluciones de Tribunales de Garantía y de la Corte de Apelaciones: que en la tramitación de la Ley de Pesca hubo comisión de delitos, antecedentes que han sido acreditados en el caso del senador de la UDI, actualmente desaforado y formalizado cumpliendo medidas cautelares en su casa tras pasar varias semanas en la cárcel. Siendo así, lo más probable es que el caso de senador no sea el único, lo que cuestiona la legitimidad de origen de dicha legislación, la cual debiese ser anulada por su germen espúreo.
La decisión la tomó el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, luego de una entrevista que emitió el persecutor donde, supuestamente, “infringió el derecho de reserva”.
El persecutor reiteró su versión en medio de la discrepencia con el fiscal Emiliano Arias por la recepción de los correos electrónicos entre Pablo Longueira y Patricio Contesse. Este miércoles fue reformalizado además Giorgio Martelli.
La reivindicación del territorio mapuche y los conflictos en la Araucanía no fueron abordados en la Cuenta Presidencial del pasado 21 de mayo. Según expertos, las políticas de integración propuestas por el ex intendente Francisco Huenchumilla fueron abandonadas por el Gobierno, que ha evidenciado su despreocupación por solucionar los temas profundos de la región.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, determinó que Emiliano Arias sea el director de las investigaciones en este caso, que próximamente contempla la formalización del desaforado senador de la UDI Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isasi y el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica.
