La misiva cuenta con el respaldo de más de ochenta organizaciones nacionales, regionales e internacionales, y busca en concreto que desde el Gobierno se fortalezca la implementación de medidas que resguarden la protección de los cetáceos.
Las organizaciones exigen al Gobierno que aplique la ley de protección cetácea del 2008, que haya una moratoria a la expansión de la industria salmonera y que se apliquen los planes de contingencia para proteger a las especies en peligro.
El director de EcoOceanos conversó con Radio Universidad de Chile respecto del estado actual de la industria salmonera y de los casos que se vivieron en 2019 que han puesto en entredicho esta actividad.
Mientras en naciones desarrolladas derechamente se termina con la concesión de empresas por fallas en los centros de cultivo, en Chile las compañías solo están obligadas a capturar el 10 por ciento del total de ejemplares fugados.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas denunció el trasfondo que existe a raíz de la “populista” campaña que está realizando el Ejecutivo para mitigar los impactos de una eventual “plaga” de lobos marinos que estarían arrasando pesquerías y afectando el desarrollo económico, principalmente en la región de Los Lagos.
Una nueva legislación que se discute en el Senado establecerá penas para quienes infrinjan la Ley de Pesca. Desde las comunidades indígenas señalan que al no estar considerados dentro de las cuotas de pesca, serán castigados por extraer recursos del mar, lo cual perjudicará su economía y cultura.
En medio de las discusiones para avanzar en un reglamento sanitario los empresarios del salmón pedirán al Gobierno permitir el traslado de concesiones a áreas con menor riesgo. Esto genera desconfianza de trabajadores, centros de investigación y ambientalistas, para quienes esta conducta es “sumamente irresponsable” ya que la misma industria no puede sustentarla.
