A los dueños de la empresa se sumarán exministros de Sebastián Piñra y exparlamentarios de derecha junto a otros en actividad como Iván Moreira. La indagación busca establecer el pago de sobornos y otros delitos tributarios.
El Ministerio Público decidió acusar a 22 personas naturales entre quienes se cuenta a las cónyuges de los controladores de las empresas Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez. El fiscal Guerra también consideró citar a declarar al propio Presidente de la República respecto de las actuaciones del administrador de su primera campaña presidencial, Santiago Valdés.
El nuevo directorio de Soquimich estará liderado por nombres conocidos en el ámbito político y empresarial, mientras que en la dirección, asume el Laurence Golborne, quien fue formalizado por financiamiento irregular por el caso Penta
Desde la Asociación Nacional de Fiscales lamentaron que el servicio no tenga interés en la persecución penal de estos casos que han afectado la confianza pública.
Entre los ex funcionarios de su gobierno y gente cercana, varios de los cuales son cercanos a su actual campaña, hay muchos que son investigados en casos de corrupción, algunos arriesgando incluso penas de cárcel.
El Octavo Juzgado de Garantía determinó entregar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, quien calificó el proceso en su contra como “un juicio político”.
El fiscal a cargo de la investigación, Manuel Guerra, señaló que “vamos a formalizarlo tanto por hechos respecto de los cuales hay querella del SII, como también por hechos respecto de los cuales hasta el día de hoy no tenemos querella del Servicio”.
A través del empresario Tomás Carrasco, el ex candidato presidencial habría emitido un total de $160 millones para financiar su campaña.
En el marco de la investigación por caso Penta, la querella presentada ante el 8° Juzgado de Garantía incluye a otras ocho personas, entre ellas a los ex controladores del grupo Penta. A todos se les imputa por delito tributario previsto.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió hacer pública la formulación de cargos en contra de todo el directorio de la Sociedad Química y Minera (Soquimich S.A.) por “eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para su difusión al mercado en los términos, forma y oportunidad que establece el marco legal y normativo vigente”. Desde distintos sectores se exige la responsabilidad de los directores de la empresa privatizada en dictadura frente a sus accionistas minoritarios, pero ante esto también vuelve a asomar el perjuicio sobre los fondos de pensiones de miles de chilenos involucrados en defraudaciones al Estado y la compra transversal de influencia política.
En su declaración ante el fiscal Carlos Gajardo, el empresario dijo que “en tiempos de campaña recibo cientos de llamadas y mensajes pidiendo aportes”. Su testimonio, junto al de Carlos Eugenio Lavín, se refiere además a los aportes a Laurence Golborne, Enva von Baer, Andrés Velasco y Pablo Longueira, entre otros políticos.
En el caso que investiga la supuesta transferencia irregular de cientos de millones de pesos desde el grupo empresarial hacia las campañas electorales de políticos, bajo la figura de boletas y/o facturas inició una nueva etapa cuando se puso fin al secreto de los antecedentes indagados. Esto permitió conocer algunas de las declaraciones de los implicados.
