La organización de DDHH señaló que con los nuevos requerimientos es posible que menos personas accedan a la condición de persona refugiada. Entre 2010 y 2022 se presentaron 26 mil 985 solicitudes, de las cuales solo el 3% (756) fueron otorgadas.
Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una manifestación pública en rechazo a las expulsiones de personas extranjeras organizadas por el Gobierno en el marco de una política que pretende la deportación de 1.500 migrantes que habrían infringido la ley.
La política migratoria impulsada por el Gobierno ha sido criticada por la oposición, organizaciones internaciones de derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pro migrantes. Según el mismo Ejecutivo, para este 2021 se prevé la salida forzada de 1.500 extranjeros que se encuentran en Chile en una situación migratoria irregular.
Como continuación del proceso, este martes a partir de las 9 am se realizarán los alegatos del requerimiento, instancia en que el abogado constitucionalista Patricio Zapata será el encargado de defender que 13 artículos de la ley son inconstitucionales.
Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Movimiento Acción Migrante manifestaron su preocupación por la aprobación este jueves de la Ley de Extranjería y Migraciones impulsada por el Ejecutivo. “Viene a reforzar las desigualdades que vivimos las personas inmigrantes y refugiadas en Chile”, aseguran.
Además, el mandatario informó que pronto presentará la Ley de Rentas Regionales como parte del plan de descentralización del país.
“Alguna vez tenemos que darle la preferencia a la gente que está en Chile”, aseguró la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto de la indicación mencionada. Sin embargo, para el académico de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, Luis Eduardo Thayer, si el proyecto prescinde de dicha indicación, solo generará mayor irregularidad.
Figuras políticas, académicas, expertos y organizaciones civiles concuerdan en que el proyecto actual es perjudicial para los derechos de la población migrante, por lo que se debe discutir en profundidad y no con la rapidez propuesta por el Ejecutivo.
Aunque Rodolfo Noriega, asistente a esta sesión y vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, valoró esta reunión, aseguró que el tema migratorio ha sido un distractor para el gobierno por el caso de los hijos de Piñera y el viaje a China. “Allí queda graficado el ejemplo de falsos turistas”, aseguró.
En medio del balance oficial realizado por el Gobierno respecto de la nueva política migratoria implementada hace un año a través de un decreto, el Ministerio del Interior se refirió a la polémica surgida por el posible delito de desacato en que habría incurrido la cartera y la Policía de Investigaciones en el último operativo de expulsión de migrantes.
El estudio realizado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile abarcó tres temáticas: valoración del servicio otorgado, evolución del servicio tras la incorporación de las diferentes modificaciones anunciadas en abril pasado y los principales problemas del servicio.
Luego de la aprobación, en la Cámara Baja, del proyecto de Ley de Migraciones, organizaciones de extranjeros residentes en Chile se manifestaron en contra de la iniciativa. Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes calificaron el acuerdo entre oficialismo y oposición como un “pacto siniestro”.
