Si bien organizaciones como Chile Transparente y Ciudadano Inteligente valoraron los nuevos formatos de las declaraciones de patrimonio e intereses emitidas por los más de 60 mil funcionarios públicos que debían realizar este procedimiento, urgieron al Parlamento a aprobar la ley que regula la ‘puerta giratoria’ entre el mundo público y privado para que el sistema de probidad sea realmente efectivo.
