Si bien la idea de entregar a privados algunos sectores de Áreas Silvestres Protegidas surgió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, no fue hasta hace un par de días que la idea se concretó, causando por un lado la alegría del Gobierno que asegura está fomentando el turismo, pero por otro, la decepción de quienes afirman que se vulnera el medio ambiente.
Tanto la empresa Mediterráneo como el Servicio de Evaluación Ambiental buscan que el Máximo Tribunal revierta la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia que rechazó la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto energético. En tanto, organizaciones ciudadanas también participan del proceso, con el anhelo que el fallo del tribunal valdiviano se mantenga a firme.
En medio del falo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que acogió un recurso de protección interpuesto en contra de la construcción de la central hidroeléctrica, desde organizaciones sociales hasta especialistas relevan los problemas que se han generado en el río Maipo por las faenas llevadas a cabo por la empresa ligada al Grupo Luksic.
