En conversación con nuestro medio, la abogada y ex jefa del Departamento de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos (SII) calificó como “un escándalo” la rebaja de más de $1400 millones que le otorgó el organismo al holding controlado por Carlos Délano y Carlos Lavín, ambos condenados por delitos tributarios y financiamiento ilegal de la política.
La causa por obstrucción a la investigación continuará en Temuco. Paralelamente, la abogada Marisa Navarrete dejó la defensa de Álex Smith y de tres funcionarios de Labocar.
Un oficio reservado dispone que aquellos casos donde existan irregularidades que hayan prescrito administrativamente, no se informen a la dirección del servicio para perseguir acciones penales. Los antecedentes fueron presentados a Contraloría por las ex funcionarias Marisa Navarrete y Paulina Carrasco.
La abogada Marisa Navarrete también indicó que la acción del Ministerio Público pretende amedrentar a los fiscales. En tanto, señaló que durante esta semana presentarán una reposición del recurso presentado el martes recién pasado.
Luego de que el fiscal a cargo del caso Corpesca fuera removido de la investigación, la Asociación de Fiscales declaró que el artículo 64 de la Ley orgánica del Ministerio Público obstaculiza el acceso a la información por parte de los ciudadanos. “Creemos que es una norma que perjudica la transparencia y que le hace mal al sistema jurídico”, explicaron.
La normativa fue establecida por la Fiscalía Nacional. Según el documento el Servicio de Impuestos Internos tendrá un año para responder a los oficios que, cada tres meses, le enviará el Ministerio.
Pocos días después de que el ex administrador de La Moneda, Cristian Riquelme dejara su puesto, se dio inicio a una indagatoria por eventual fraude al fisco y negociación incompatible. Una investigación que se encuentra desformalizada y bajo reserva.
Marisa Navarrete ex jefa de la Oficina de Litigación penal del SII, sostuvo que el organismo fiscalizador además de errático, ha tenido un actuar “ilegal” en relación con la presentación de querellas por delitos tributarios nominativas, y que impiden a la Fiscalía investigar a otros involucrados en estos casos.
