Se trata de las ejecuciones ilegales en contra de trabajadores forestales y campesinos que fueron detenidos en octubre de 1973, en Futrono, región de los Ríos. Las sumas a pagar por parte del Estado de Chile van desde los cuarenta y hasta los cien millones de pesos en favor de hermanos, hijos, viudas y madres de los asesinados.
