En atención a las denuncias, la Dirección del Trabajo anunció que a partir de este 26 de abril reforzarán las fiscalizaciones diarias para verificar el correcto cumplimiento de la disminución de la jornada laboral. Grandes empresas arriesgan multas.
Los dirigentes entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric donde piden se aborden estos temas que han sufrido diversos retrocesos en este periodo. A eso se suma la cercanía de la negociación por el reajuste salarial 2023.
Desde el sector señalaron que reconocen la situación económica no sólo del país sino a nivel global, pero se debe recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a una espiral inflacionaria de los últimos meses.
El líder de la Agrupación de Empleados Fiscales indicó que el 7,5% de reajuste propuesto por la mesa del sector público al Gobierno, busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Además, criticó la represión de la que fueron objeto la tarde de este miércoles y el que se les intente comparar con las condiciones de los trabajadores del sector privado.
Luego de la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Hacienda, durante la tarde de este jueves será votado en la Sala de la Cámara el reajuste propuesto por el Gobierno, en medio del rechazo de los 16 gremios que componen la Mesa del Sector Público.
Distintos gremios de la agrupación manifestaron que el titular de Hacienda amenazó con no entregar el bono de término de negociación a aquellos que no aceptaran la última oferta, lo que finalmente ocurrió.
El Gobierno propone un reajuste escalonado y hasta los sueldos que llegan al 1.500.000 pesos. Los ingresos superiores a ese monto no experimentarían actualización.
Desde la sede de la CUT, los 16 gremios agrupados en la Mesa del Sector Público acusaron una extorsión por parte del Ministerio de Hacienda, desde donde habrían aceptado dar respuesta al petitorio entregado por las agrupaciones hace un mes sólo si es que aceptaban restarse de las movilizaciones.
La mesa dirigencial que representa a los trabajadores dependientes del Estado, y que agrupa a más de 140 mil funcionarios, dieron por iniciado, este lunes, el proceso de negociación correspondiente al período 2019-2020. Una discusión que se anticipa áspera, tomando en cuenta el momento de austeridad que instala el Ejecutivo, a través de su proyecto de ley sobre Presupuesto de la Nación.
La nueva jornada de movilizaciones convocada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales dejó en evidencia los problemas internos a los que se enfrenta la mayor confederación de trabajadores del país. La firma del protocolo que la semana pasada cerró las negociaciones entre los empleados fiscales y el gobierno, ha producido una división dentro de la agrupación que podría dificultar la reintegración de los más de 2.000 trabajadores que según la agrupación han sido desvinculados de manera arbitraria.
La Confusam es el único gremio que mantiene una paralización por 72 horas, mientras dirigentes de base critican la conducción de negociación que representantes de la mesa del sector han sostenido con el gobierno.
A fines de la semana pasada se reunieron con las carteras de Hacienda y Trabajo y les ofrecieron un 1,9%, cifra nominal que daría un monto menor de aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde la Confusam llamaron a un paro nacional a partir de este martes, que tendrá una duración de 48 horas, un día más de la movilización a lo acordado.
