El Subsecretario del Interior junto a la Ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, aseguraron que el Ejecutivo ha coordinado acciones en función de actuar de forma más rápida y oportuna ante los hechos de violencia rural en la región del Biobío.
El viaje de las autoridades a la zona -el segundo de Monsalve esta semana- se da en el marco de los anuncios hechos por la ministra del Interior, Izkia Siches, sobre robustecer el estado de excepción en la región.
El Ministerio de Interior ha encabezado coordinaciones con las policias, la cartera de Trabajo, Defensa y Justicia para garantizar que el 4 de septiembre se lleve a cabo exitosamente el proceso electoral.
La titular de la Segegob se desmarcó de los reparos expresados por el líder del PC sobre acuerdo que están trabajando en el sector sobre la propuesta constitucional y puso paños fríos a la polémica por el supuesto sobrevuelo de aviones en Argentina.
El secretario de Estado, Luis Lara Jaramillo, sostuvo que las acciones perpetradas en el marco de las manifestaciones “coinciden con el brutal ataque que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado”.
Quince días más regirá el estado de excepción constitucional con foco en el resguardo de rutas y caminos en la región de La Araucanía y dos provincias del Biobío. Esto tras una discusión legislativa en la que se arribó a la eliminación del Senado.
Respecto a una eventual prórroga, Siches indicó que la definición se tomará la próxima semana. Mientras, la titular de Defensa dijo que éste es el “estado de excepción donde más efectivos hemos tenido” en la zona.
Es necesario que se “entreguen explicaciones acerca de esta acción sediciosa por parte del almirante Vergara” señaló la diputada.
Luego de un conversatorio con los y las vecinas de Pedro Aguirre Cerda, la jefa de Gabinete señaló que el Gobierno creará una unidad de control de armas inscritas, las que ascienden a 765 mil en el país y corresponden al 80% de las incautaciones.
La titular de Defensa calificó para estos efectos como un “fracaso político” cuando el Estado recurre a las Fuerzas Armadas en democracia. También desdramatizó las polémicas que ha tenido que enfrentar el gobierno a un mes de su instalación.
En conversación con nuestro medio el diputado Leonardo Soto dijo esperar que la justicia adopte sanciones de cárcel efectiva para los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas vinculados en casos de corrupción. Esto considerando los montos defraudados, la alta responsabilidad que detentaban y “por haber participado de una estructura extensa y masiva de corrupción en el Ejército”.
La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile abordó también la querella del CDE contra el Ejército, tras el pago de USD 8,6 millones en sobreprecios por la compra de helicópteros y repuestos.
