La alcaldesa de La Pintana cuestionó la decisión de su par de Pedro Aguirre Cerda a propósito de la realización de un “narco funeral” en la comuna e hizo un llamado a la unidad en torno al problema de la seguridad.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, repasó los criterios de selección de la iniciativa y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de no dejar atrás al resto de los sectores que también se ven afectados por la delincuencia.
El edil calificó de insuficientes las medidas que anunció para la comuna el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, y aseguró que Infraestructura Crítica “puede entregar un relato mucho más potente” en materia de seguridad.
En su visita a Calama, la autoridad respondió a las insistencias para declarar estado de excepción en el norte y mencionó que en ningún gobierno este tipo de medida “ha habido control militar al interior de los centros urbanos”.
En una sesión conjunta de las comisiones de Constitución y de Seguridad de la Cámara, la titular de Interior instó a la oposición a no inventar “falsos debates”, puesto que “esa discordia a la opinión pública le da una sensación de caos”.
Por lo demás, la autoridad señaló que el Ejecutivo buscará adelantar la aplicación del plan “Calles sin Violencia” para esa comuna de la Región de Antofagasta, reafirmando el compromiso del Gobierno por garantizar el orden público en la zona.
Los legisladores calificaron de injustas las críticas que el Frente Amplio manifestó hace unas semanas a la jefa de Gabinete, para efectos de que tomara el control sobre la agenda de seguridad.
Desde el FA ya habían exhortado a la ministra a tomar el control de la agenda de seguridad marginando las medidas efectistas, lo que lejos de revertirse, se profundizó con el paso al frente que dio Tohá sobre la nueva instruccción de la Fiscalía.
El Ejecutivo presentó las líneas de acción del plan de intervención a las asociaciones de municipalidades. Ellas son: persecución penal efectiva; patrullaje policial efectivo; control y fiscalización de armas y rondas focalizadas de fiscalización.
El exdirector de Seguridad Pública cuestionó la efectividad del proyecto aprobado en la Cámara y la idea de avanzar en medidas “parche”. En ello, consideró que “el general director ha presionado para detener e inmovilizar la reforma a Carabineros”.
Con obras que constituyen una inversión de 3.756 millones de pesos, el recinto se reincorpora a los 7 módulos con los que se cuenta a lo largo del país, con una capacidad para recibir a 296 personas. 29 personas han ingresado a la fecha.
Mayores facultades para los inspectores municipales y el aumento de recursos para las labores de seguridad son las prioridades de las y los jefes comunales respecto a un proyecto de ley que está contemplado en la agenda de seguridad del Gobierno.