La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, cuando se cumplen 24 días de paralización de actividades, manifestó que en el gremio están “más unidos que nunca”, al mismo tiempo que criticó al Gobierno por la intransigencia con la que a su juicio se han planteado en este conflicto.
Los Funcionarios del Registro Civil indicaron que seguirán movilizados a pesar del anuncio del subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, sobre descuentos en sus sueldos por los diez días que llevan paralizados.
Pese a que la aprobación del proyecto fue valorado por el Gobierno y por diferentes parlamentarios, el diputado Gabriel Boric señaló que la iniciativa no contempla la participación de la sociedad civil.
Este miércoles venció el plazo para la inscripción de postulantes al cargo de Fiscal Nacional y el número de candidatos aumentó a 11. El proceso de designación del fiscal suscita una fuerte expectación, tanto por el rol que ha tenido el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, como por los nombres de los candidatos.
Desde el mundo de los Derechos Humanos hasta parlamentarios coinciden en la necesidad de realizar cambios sustantivos a la Justicia Militar, sobre todo en lo relativo a que funcionarios de carabineros no puedan ser juzgados por tribunales ordinarios cuando se ven involucrados en delitos contra civiles, por lo que urgen que a que el Gobierno envíe a la brevedad el proyecto de ley que reforme la justicia castrense.
Autoridades de Gobierno, luego de realizar un diagnóstico sobre el impacto de las futuras reformas que incorporó la Agenda Laboral, concluyeron que incluir la negociación colectiva por rama económica podría afectar la economía durante este año. Dirigentes sindicales rechazaron estas afirmaciones y dijeron que se instalará una especie de “hipocresía legal” avalada por el Gobierno, porque se seguirá negociando por la vía de los hechos.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió hacer pública la formulación de cargos en contra de todo el directorio de la Sociedad Química y Minera (Soquimich S.A.) por “eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para su difusión al mercado en los términos, forma y oportunidad que establece el marco legal y normativo vigente”. Desde distintos sectores se exige la responsabilidad de los directores de la empresa privatizada en dictadura frente a sus accionistas minoritarios, pero ante esto también vuelve a asomar el perjuicio sobre los fondos de pensiones de miles de chilenos involucrados en defraudaciones al Estado y la compra transversal de influencia política.
