Devastación, muerte y desolación dejó a su paso la monumental tormenta Mocha, la más poderosa y destructora en más de veinte años, obligando a evacuar a zonas más seguras a más de 1 millón 200 mil personas que huyeron con lo puesto y sin alimentos.
La dirigente birmana y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, depuesta por el golpe de Estado militar en Myanmar (Birmania) el 1° de febrero pasado, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión. ¿Los cargos?: incitar a la revuelta contra los militares y violar las normas estipuladas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y eso no es todo, pues le aguardan nueve cargos más, algo que a sus 76 años podrían privarla de libertad por el resto de sus días. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a la inmediata liberación de la dirigente denunciando que el juicio en su contra fue “amañado”. Amnistía Internacional, por su parte, acusa a los golpistas de querer “asfixiar” las libertades civiles.
Aislada del mundo excepto por los encuentros con sus abogados y sus apariciones en el tribunal, Aung San Suu Kyi se enfrenta a un amplio abanico de cargos que incluyen sedición, aceptación de sobornos o violación de una ley de secretos de la era colonial.
Este lunes 14 de junio inicia el primer juicio contra la ex dirigente birmana Aung San Suu Kyi, derrocada en un golpe de Estado militar y acusada repetidamente por la Junta. Se examinan dos de los siete cargos en su contra.
Luego de casi cuatro meses de un estricto silencio impuesto por los militares birmanos luego de su detención el 1º de febrero pasado, la líder Aung San Suu Kyi pudo transmitir esta mañana un mensaje dirigido al país a través de uno de sus abogados. Dicha reaparición coincide con un contexto en el que a la reducción de las manifestaciones públicas y pacifica ha sucedido un aumento de enfrentamientos armados y ataques con bomba contra las fuerzas de seguridad en varias regiones del país.
Varios medios internacionales califican estos últimos sucesos como la jornada de represión más feroz y sangrienta contra los participantes en las protestas que fueron convocadas en unas 40 ciudades de Birmania, se cree que al menos hay 114 muertos reportados.
Las fuerzas armadas han detenido a la jefa de facto del gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, según informó el lunes 1 de febrero el portavoz de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND). Los militares han anunciado un estado de emergencia de un año, tras el cual prometen nuevas elecciones y un traspaso de poder. Aung San Suu Kyi instó a la población a “no aceptar el golpe”.
Misión especial de la ONU hizo la petición luego de dar a conocer un informe preliminar con lo ocurrido con esta etnia musulmana que habita en la zona fronteriza de Bangladesh y Myanmar.
Crítica que no se limita sólo a los gobiernos de países musulmanes, que han condenado duramente la matanza de los Rohingyas a manos del gobierno de Naipyidó, sino también de personajes como el Director Ejecutivo de la organización Human Rigth Wattch. Se espera que en la Cumbre de la Organización Para la Cooperación Islámica (OCI), donde se reunirán 57 países musulmanes para tratar la crisis con el pueblo Rohingya, puedan lograr una declaración efectiva y que ello implique tomar determinaciones y no sólo declaraciones de buena crianza.
